Foto: de archivo.
La Procuraduría General de la Nación confirmó las sanciones contra varios exfuncionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el representante legal de Centros Poblados tras irregularidades en un contrato que incluía un anticipo de $70.000 millones de pesos para llevar internet a zonas rurales, objetivo que nunca se cumplió.
Entre los sancionados están Adriana Meza Consuegra, quien era secretaria general del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Sandra Orjuela Martínez, subdirectora técnica del MinTIC.
También figuran Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, y Paola Andrea Izquierdo, representante del Consorcio PE2020 C Digitales.
Las sanciones incluyen destituciones, inhabilidades de hasta 15 años y multas millonarias.
Sandra Orjuela fue sancionada con destitución a un término de nueve años y un mes. Camilo Alberto tiene una multa de $95.877.981. Mientras que Luis Fernando Duque tiene una multa de $79.002.270 e inhabilidad para ejercer empleo público.
Adriana Meza resultó la mejor librada, con una sanción de cinco meses del cargo, pero fue convertida en una multa de $53.265.545.
La Procuraduría subrayó que hubo negligencia en la revisión de documentos claves, como las pólizas falsas presentadas por Centros Poblados, que permitieron que este consorcio fuera adjudicado con el contrato.
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El ente de control también reprochó la incapacidad de los funcionarios para recuperar los recursos entregados como anticipo. “Hubo omisiones y fallas graves que no debieron pasar desapercibidas”, enfatizó la Procuraduría.
Este escándalo sigue siendo un llamado de atención sobre la importancia de la transparencia en la contratación pública.
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