La Ley 30 de 1992 está matando a las universidades públicas. Sin una reforma estructural y voluntad política real, el Gobierno de Petro traiciona su promesa de defender la educación como derecho y motor de equidad.
La Universidad Nacional, la principal institución pública del país, clamó al gobierno nacional por recursos urgentes del orden de los $60.000 millones para garantizar su operación hasta diciembre de 2025.
Esta situación refleja una desfinanciación estructural que pone en riesgo la continuidad de programas académicos y de investigación esenciales para el desarrollo nacional.
En el caso específico de la sede Medellín, aunque no se han publicado cifras exactas del déficit, se reconoce que la base presupuestal no ha crecido al ritmo de las necesidades y responsabilidades de la universidad.
Desde la promulgación de la Ley 30 de 1992, que establece que el presupuesto de las universidades públicas crezca anualmente al mismo ritmo del IPC, no ha habido un incremento real que compense el aumento de gastos derivados de nuevas obligaciones legales, expansión de cobertura y cualificación docente.
Pero si en la UNAL llueve, en la Universidad de Antioquia no escampa, allí el déficit acumulado llega a los $350.000 millones. A pesar de implementar un plan de austeridad que ha logrado reducir gastos en $11.500 millones, la institución aún requiere recursos adicionales para cubrir sus necesidades básicas.
Y aunque la Gobernación de Antioquia otorgó un préstamo de $90.000 millones son recursos insuficientes para solventar la crisis financiera que amenaza la estabilidad de la universidad.
Ambas universidades coinciden en señalar que la raíz de la crisis radica en la Ley 30 de 1992, que establece un modelo de financiación desactualizado. Esta legislación no contempla el crecimiento en cobertura ni los costos reales de funcionamiento, lo que ha generado un desfase financiero insostenible para las instituciones de educación superior pública.
El Gobierno Nacional ha anunciado inversiones en infraestructura educativa por
$1,4 billones, destinadas a 87 proyectos en diferentes regiones del país. Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, no abordan la urgencia del déficit operativo que enfrentan las universidades en el corto plazo.
Es imperativo que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación tomen medidas inmediatas para garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas.
No se le puede olvidar al presidente Gustavo Petro que la educación superior es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país y que además ese fue uno de los caballos de batalla que cabalgó durante su campaña presidencial.
Sin la financiación que requiere el sistema, está comprometiendo gravemente el futuro del país.
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