¡Les prometían jugosas ganancias! Cayó millonario esquema que habría captado $200.000 millones

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un presunto esquema de captación ilegal de dinero que habría movido cerca de 200.000 millones de pesos y afectado a aproximadamente 8.000 personas en diferentes regiones del país.

Por estos hechos fueron judicializados Mariana Araos y Alexander Suarez, señalados por las autoridades de estar vinculados al mecanismo mediante el cual se habrían recibido los recursos entre los años 2021 y 2024.

Según la investigación, el dinero habría sido obtenido de ciudadanos a quienes se les ofrecían rendimientos económicos a cambio de sus aportes. Sin embargo, las personas que entregaron los recursos no habrían recibido las ganancias prometidas ni recuperado el capital invertido.

El negocio que ofrecía rendimientos por invertir en plátano

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, el esquema habría comenzado en 2021 mediante una empresa dedicada a la comercialización y exportación.

Un año después, la operación habría continuado a través de la creación de una cooperativa, desde la cual se habría mantenido el modelo para recibir los aportes de terceros.

La propuesta contemplaba dos formas de participación.

Una de ellas estaba relacionada con la supuesta compra de plátano a productores de distintas regiones, producto que posteriormente sería comercializado tanto en el mercado nacional como en el internacional. Para esta operación se habría contado con un intermediario encargado de vender la producción a un comprador extranjero.

La otra modalidad estaba dirigida a personas interesadas en participar como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’. Para ello se utilizaban contratos de cuentas en participación mediante los cuales los ciudadanos entregaban su dinero.

A cambio de esos aportes se ofrecía una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, supuestamente proveniente de las ganancias generadas por la comercialización del plátano.

Cerca de $200.000 millones habrían sido entregados

La investigación de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, establece que alrededor de 8.000 ciudadanos habrían entregado aproximadamente 200.000 millones de pesos durante el periodo investigado.

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Sin embargo, según la Fiscalía, los aportantes no habrían obtenido los rendimientos que les fueron ofrecidos ni habrían recuperado el dinero que entregaron.

Entre las personas que aparecen como afectadas se encuentran mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores.

Los aportes se habrían concentrado principalmente en municipios de Antioquia como Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes. La investigación también permitió identificar personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, además de otros departamentos.

Así fueron las capturas de los investigados

Dentro de las actuaciones adelantadas por las autoridades, Mariana Araos fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova.

Por su parte, Alexander Suarez se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Los procedimientos fueron llevados ante jueces de control de garantías en audiencias realizadas por separado. En ambos casos, los despachos judiciales legalizaron los procedimientos correspondientes.

Posteriormente, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les atribuyó, de acuerdo con la presunta responsabilidad individual establecida en la investigación, los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro.

Ninguno de los dos investigados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Deberán permanecer privados de la libertad

Tras las audiencias, los jueces de control de garantías determinaron que tanto Mariana Araos como Alexander Suarez deberán cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La medida deberá cumplirse en sus respectivos lugares de residencia, según lo dispuesto por los jueces.

El proceso judicial continúa mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer las responsabilidades correspondientes frente a la millonaria captación que, de acuerdo con la Fiscalía, habría reunido recursos de miles de personas en distintas zonas del país.