Bombardeo Guaviare /Foto: Redes sociales
La suspensión de bombardeos en Arauca fue ordenada por un juez que falló a favor de una acción de tutela presentada por el personero del municipio de Puerto Rondón.
La decisión obliga al Gobierno Nacional a detener, de manera temporal, este tipo de operaciones militares mientras revisa y fortalece los protocolos para proteger a la población civil, especialmente a niños, niñas y adolescentes.
Según el fallo, el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa y el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana tendrán un plazo máximo de dos meses para revisar de forma exhaustiva los procedimientos utilizados en las operaciones de bombardeo y ajustar los protocolos conforme al Derecho Internacional Humanitario y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Mientras ese proceso se adelanta, la Fuerza Aeroespacial deberá suspender los bombardeos contra estructuras o grupos armados organizados en el departamento de Arauca.
Además de ordenar la revisión de los protocolos, el juez dispuso que el Gobierno diseñe e implemente una política pública de desvinculación humanitaria para menores de edad reclutados por organizaciones armadas ilegales.
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Esta estrategia deberá articular el trabajo de la Fuerza Pública con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de garantizar procesos adecuados de recuperación y protección para esta población.
La decisión judicial se produce en medio del debate que han generado los bombardeos durante el actual Gobierno.
De acuerdo con cifras divulgadas recientemente por Medicina Legal, alrededor de 65 menores de edad habrían fallecido en operaciones militares realizadas durante este cuatrienio en diferentes regiones del país, una situación que ha reavivado la discusión sobre el uso de esta estrategia en zonas donde existe presencia de población vulnerable.
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