Elementos de Bomberos de El Salvador, de la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de la Fiscalía inspeccionaron este lunes una zona contaminada con plomo en la que se ubica una fabrica de baterías donde el domingo se registró un incendio.
El director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarria, dijo a periodistas que el incendio “pudo haber sido provocado por una mano criminalidad”, ya que “los materiales que aún están en el lugar no agarran fuego tan fácil”.
Señaló que expertos del Cuerpo de Bomberos entregarán a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe técnico para que posteriormente se “realice una investigación más amplía de lo que se presume pudo haber sido provocado (el incendio) por una mano criminal”.
Chavarria agregó que en el lugar donde se detectó el siniestro había “una gran cantidad de material PVC (material termoplástico) y algunas escorias en la zona de producción”.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, señaló que el incendio en la fábrica de Baterías de El Salvador (BAES), clausurada en 2007 y ubicada en la localidad de San Juan Opico, a más de 39 kilómetros de distancia de San Salvador, ocurrió a las 20:30 horas del domingo (04.30 GMT del lunes).
Indicó que personal de inspecciones oculares de la entidad policial “trabajaron para verificar si en este incendio hubo o hay mano criminal”.
Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi, detalló que se estableció un cerco sanitario de 500 metros a la redonda para evitar que las personas que viven aledañas al lugar sufran problemas por la contaminación.
Indicó que personal de salud evaluó a 50 familias, de las cuales “solamente 4 personas presentaron afectación por la contaminación que emana del lugar a consecuencias de los materias que aún se mantienen”.
El cierre de la fabrica se dio por la contaminación con plomo de varias comunidades aledañas, donde al menos 105 personas, entre ellas 63 niños, sufrieron problemas de salud por ello.
Por dicha contaminación, los ingenieros Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito fueron procesados por presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión.
Sin embargo, en junio de 2011 un tribunal de Sentencia declaró nulo, por un tecnicismo, el proceso contra los tres ingenieros. Mientras, los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, prófugos de la justicia, fueron declarados rebeldes por no presentarse a la diligencia.
En agosto de 2010, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente decretó emergencia ambiental en la zona alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en unos 4.000 habitantes.
En repetidas ocasiones, los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica afectó un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.
EFE
2020-08-03
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