Golpe a la minería ilegal en Usaquén: cierres de establecimientos y maquinaria incautada

En una megatoma conjunta contra la minería ilegal, las autoridades distritales de Bogotá intervinieron en la zona rural de Tibabita, en la localidad de Usaquén. El operativo resultó en el cierre de tres comercios, la incautación de maquinaria pesada y 20 suspensiones del servicio eléctrico, todo esto en el marco de la lucha por proteger los recursos naturales y evitar afectaciones ambientales.

La intervención, liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), contó con el apoyo fundamental del Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional (CAR), Enel Colombia, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Alcaldía Local de Usaquén. Las acciones se centraron en visitas de control a establecimientos de la cadena minera, suspensión de actividades comerciales, verificación de vehículos y la prevención de posibles daños ambientales en el área.

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Como resultado directo del operativo, tres establecimientos de la cadena minera fueron suspendidos por carecer de la documentación legal necesaria. Además, una retroexcavadora tipo frontal fue inmovilizada por el Grupo Ambiental de la Policía y la CAR emitió un informe técnico detallando las afectaciones ambientales detectadas. Se suman a esto las 20 suspensiones directas del servicio eléctrico debido a irregularidades en la documentación.

César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, enfatizó la importancia de estas acciones: «Con este tipo de operativos le cerramos el paso a la minería ilegal que pone en riesgo nuestras fuentes hídricas y la seguridad de las comunidades. Proteger el capital natural de Bogotá también es una forma de garantizar entornos seguros y sostenibles».

Este operativo se enmarca en la estrategia de protección del capital natural del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, que implementa acciones policivo-administrativas para combatir la minería ilegal. La finalidad no es solo frenar las prácticas ilícitas, sino también salvaguardar las fuentes hídricas, prevenir riesgos para la salud pública y asegurar un entorno más seguro y sostenible para las comunidades de la capital.