Duro golpe judicial para René Higuita: pierde propiedad en El Poblado por extinción de dominio

Minuto30.com .- El histórico exarquero de la Selección Colombia, René Higuita, acaba de sufrir un importante revés legal. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio emitió una orden definitiva que despoja al ídolo deportivo de un predio ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.

La decisión judicial se tomó luego de que la Fiscalía General de la Nación lograra demostrar que el origen del inmueble estaba directamente ligado a dineros del extinto Cartel de Medellín. El proceso, que se venía adelantando desde el año 2014, finalmente llegó a su etapa conclusiva.

El oscuro pasado del inmueble: los hermanos Moncada

De acuerdo con la investigación liderada por el ente acusador, la propiedad no siempre perteneció al exfutbolista. Inicialmente, el predio fue adquirido por Gustavo Cuartas Rendón, un hombre que actuó como testaferro de William y Gerardo «Kiko» Moncada, reconocidos integrantes de la cúpula del Cartel de Medellín.

Con el paso de los años, el bien inmueble sufrió varias transferencias de dominio, pasando de mano en mano hasta terminar registrado legalmente a nombre de René Higuita y uno de sus familiares.

La firma falsa que fue clave en el juicio

Para desenredar esta cadena de traspasos, la Fiscalía presentó pruebas contundentes. Una de las más importantes fue un estudio grafológico realizado a los documentos de propiedad.

Los peritos concluyeron que una de las firmas consignadas en una escritura pública del historial del inmueble era falsa. Este elemento técnico fue determinante para que el juzgado concluyera que las sucesivas compraventas del lugar eran, en realidad, una fachada para encubrir la procedencia ilícita del bien.

¿Qué pasará con la propiedad?

Tras la orden del juzgado, el inmueble pasará a ser administrado de forma definitiva por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Cabe recordar que la extinción de dominio es un mecanismo constitucional en Colombia que permite al Estado recuperar bienes que hayan sido adquiridos con dineros provenientes de actividades ilegales. Esta figura persigue el origen del bien y se aplica independientemente de que exista o no una condena penal contra sus actuales propietarios o poseedores, como en el caso del exguardameta colombiano.