Foto: Cortesía
En un trabajo realizado entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el ICBF, identificaron registros de personal en nóminas reportadas al instituto por un valor más alto que el pagado a los colaboradores.
La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cárceres, denunció que proyectos que se debían ejecutar en un lapso específico lo realizaban en uno menor, para evitar el pago a proveedores y cobrar más de lo correspondiente.
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“Encontramos contratos de operadores que tristemente han tenido mayor cantidad de casos de muertes de niñas y niños asociados a la desnutrición. Con estas instituciones el ICBF ha dejado de contratar, promoviendo el control a la veeduría ciudadana. Además, organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez que han tenido relación directa con clanes políticos”, reveló la directora general.
La directora del ICBF denunció que encontraron 220 contratos en manos de 59 operadores con el mismo representante legal, dirección de domicilio, característica en el formato de constitución, fecha de constitución y error en el objeto y alcance.
Estas acciones fueron puestas en conocimiento con las autoridades competentes para realizar las respectivas sanciones.
2024-03-04
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