¡Álvaro Uribe Vélez: No renunciaré a la justicia nunca!

La noticia de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, renunció a la prescripción de su proceso penal, marca un hito no solo político, sino profundamente jurídico. En un escenario donde la figura de la prescripción es uno de los institutos más debatidos en el derecho penal colombiano, su decisión merece un análisis riguroso desde la perspectiva de la legalidad, la justicia y las garantías constitucionales.

La prescripción en el derecho penal Colombiano:

La prescripción es, ante todo, una garantía para el procesado. El Estado no puede mantener indefinidamente abierta una investigación o un juicio; de lo contrario, se quebrantaría el derecho fundamental al debido proceso y a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El artículo 83 del Código Penal Colombiano Ley 599 del 2000, fija los términos de prescripción de la acción penal, mientras que el artículo 85, prevé que el procesado puede renunciar expresamente a dicho beneficio. En palabras simples: la prescripción protege contra la arbitrariedad del tiempo, pero también puede ser vista en algunos casos como el del ex presidente Alvaro Uribe Vélez, como un obstáculo para que se defina de fondo la responsabilidad penal de una persona.

La renuncia como acto jurídico y político: Cuando Álvaro Uribe Vélez comunica al Tribunal Superior de Bogotá que renuncia a la prescripción del proceso, lo que está haciendo, es abrir la puerta para que su caso se resuelva con una sentencia material, sin que opere el cierre automático, por el simple paso del tiempo. Desde la técnica jurídica, la renuncia es válida siempre que sea voluntaria, personal y  se deje por escrito. Asi que no se trata de un gesto vacío: la consecuencia inmediata es que el proceso podrá continuar, hasta que el juez o magistrados asignados, emitan un  fallo definitivo, incluso más allá del término originalmente previsto que vencia el 16 de octubre de 2025.

Ahora bien, lo anteriormente mencionado, tiene un doble alcance: Desde el punto de vista jurídico,  asegura que no será el calendario quien decida su suerte judicial, sino los jueces, con base en pruebas y fallando en derecho y desde el punto de vista simbólico, constituye una declaración de confianza en la institucionalidad, en un país donde a menudo se acusa a los poderosos de evadir procesos con tecnicismos Alvaro Uribe Vélez cree en las instituciones a pesar de haber sido condenado injustamente recientemente en el proceso por presunta compra de testigos etc.

El debate que se abre es profundo: ¿la prescripción es un beneficio legítimo o un sinónimo de impunidad? El derecho penal, la consagra como una herramienta de equilibrio, pero en la práctica, muchas veces es interpretada por la opinión pública como un escape procesal. En este contexto, la decisión de Alvaro Uribe, puede leerse como un rechazo a cualquier atajo, asumiendo el riesgo de un fallo adverso, con tal de que el proceso no quede en el limbo jurídico.

Más allá de simpatías o antipatías políticas, hay que reconocer que la renuncia a la prescripción de un proceso, reivindica la idea de que la justicia debe pronunciarse de fondo y que los procesos, no deben resolverse por caducidades, sino por verdades judiciales garantizando así el derecho de defensa y garantías judiciales además de luchar por la verdad formal y material.

Por otro lado, recordemos que en la historia judicial reciente, pocos líderes han optado por un camino semejante. Este precedente  sin lugar a dudas, puede servir para abrir una discusión académica sobre la necesidad de revisar los alcances de la prescripción en casos de alto impacto social. Tal vez el mensaje es que la legitimidad de la justicia se fortalece cuando el acusado no se ampara en tecnicismos, sino que se somete al juicio de los magistrados.

Finalmente, la decisión de Álvaro Uribe Vélez, no debe leerse únicamente como un gesto político. Es, sobre todo, una manifestación de la libertad de conciencia, y de la voluntad jurídica: “No renunciaré a la justicia nunca”. Y esa postura interpela al país, recordándonos que la verdadera fortaleza de un Estado de derecho está en que los procesos se decidan en estrados judiciales,  y que siempre hay que luchar por la verdadera justicia más allá de cualquier aspecto ideologico un Estado fuerte debe tener instituciones imparciales y los jueces deben administrar justicia de la mejor forma posible, no basados en el calendario.

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