Alerta por Reforma Agraria: ANT denuncia patrón de violencia, amenazas y torturas contra campesinos

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encendió las alarmas en el país al radicar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por una sistemática ola de violencia contra las comunidades rurales. De acuerdo con el director de la entidad, Juan Felipe Harman, se ha identificado un claro patrón de amedrentamiento, amenazas de muerte, desplazamientos forzados e incluso actos de tortura contra campesinos y víctimas que han sido beneficiados con la entrega provisional y dotación de predios en el marco de la Reforma Agraria.

Según detalló la ANT, las agresiones e intimidaciones se recrudecieron tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. La entidad advierte que estructuras ligadas al narcotráfico, el paramilitarismo y ocupantes irregulares pretenden frenar la restitución de tierras mediante el uso de la fuerza.

“Ya hay un patrón de comportamiento de los predios que hemos recuperado. Son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo”, denunció enfáticamente Harman desde Bogotá, confirmando que ya entregó a la Fiscalía los nombres de los presuntos responsables.

Tres regiones bajo el fuego y la intimidación

La denuncia penal de la ANT documenta acciones criminales específicas concentradas en tres zonas clave del territorio nacional:

Subregión del Magdalena Medio: En los predios ‘Los Alpes–La Olguita’ y ‘Los Alpes–La Apulia’, sujetos armados que se identificaron como «abogados y propietarios» amedrentaron a las familias para exigir el abandono de las parcelas e incluso hurtaron los portones principales. Asimismo, una lideresa comunitaria recibió amenazas extorsivas del Clan del Golfo. Por otra parte, en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia), las familias beneficiarias de predios que pertenecieron a capos como Daniel ‘El Loco’ Barrera y a familiares del exjefe paramilitar Ramón Isaza denunciaron hostigamientos diarios y discursos estigmatizantes por parte de particulares que buscan recuperar el control de las tierras.

Puerto López (Meta) – El caso más crítico: La situación más grave en términos de derechos humanos ocurrió en la finca La Primavera, un predio que perteneció al narcotraficante extraditado Ignacio Álvarez Meyendorff. El pasado 24 de junio en la madrugada, cuatro encapuchados armados asaltaron el lugar, quemaron vehículos, enseres y la planta eléctrica, y torturaron brutalmente con machetes y palos a cuatro adultos y a una menor de 14 años. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un centro hospitalario.

Departamento de Córdoba: En el municipio de Buenavista, familias campesinas del predio El Llano (también propiedad en el pasado de Álvarez Meyendorff) se vieron obligadas a desplazarse de forma forzada tras la advertencia de una inminente incursión de 30 hombres armados. En Pueblo Nuevo, administradores vinculados a una firma ganadera cerraron los accesos con cadenas y amenazaron de muerte a líderes comunitarios para impedirles explotar productivamente el predio La Palmira, desatendiendo medidas dictadas por el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Petición de medidas urgentes

Ante la gravedad de los hechos, el director de la Agencia Nacional de Tierras calificó estas acciones como delitos que incluso podrían configurarse como de lesa humanidad debido al desplazamiento forzado provocado.

La ANT hizo un llamado urgente y categórico a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes que permitan capturar tanto a los autores materiales como intelectuales de estos ataques. De igual forma, el alto funcionario exigió esquemas de protección inmediata para salvaguardar la vida y la integridad de las comunidades campesinas, étnicas y víctimas del conflicto que hoy temen por sus vidas tras haber recibido la legítima adjudicación de sus tierras.