Alcalde de Norte de Santander, renunció por amenazas de grupos armados

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, mostró su preocupación al conocer la renuncia del alcalde de La Playa de Belén (Norte de Santander), Ider Alberto Álvarez, por amenazas de grupos al margen de la ley.

“Es inadmisible, como lo ha señalado la Federación Nacional de Municipios, que, después de 20 años, un alcalde deba renunciar a su cargo por ver su integridad en riesgo”, dijo Cabello.

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La Jefe del Ministerio Público fue enfática en advertir que “¡Un alcalde que renuncia no es uno de miles: es el único de ese municipio! Y es deber del Estado hacer todas las gestiones para evitar que eso suceda”.

Además, agregó que, la seguridad ciudadana es un factor de gran incidencia en el proceso electoral y la situación actual está dando “un mal mensaje para el proceso y para la democracia”.

En su intervención, también advirtió que “vamos en un retroceso en cuanto al orden público y a la seguridad en el país, especialmente, en las zonas críticas que más necesitan un refuerzo en su seguridad”.

La Jefe del Ministerio Público también se refirió a los datos e información provenientes del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional, que en su segunda versión, destacó los 11 municipios que presentaron criticidad extraordinaria, cuyo nivel está catalogado como prioritario, y entre los cuales menciona a Tibú y Cúcuta en Norte de Santander.

“El informe menciona también a los municipios de Convención, El Tarra, Puerto Santander, Sardinata, Teorama y Villa del Rosario, los cuales presentan criticidad alta y, en consecuencia, están catalogados en un nivel de atención moderada. Estos casos los estamos atendiendo con nuestros funcionarios territoriales”.

Finalmente, concluyó que, los hechos generadores de violencia sobre la población en alguna zonas del país, la mayoría realizados por actores armados al margen de la ley, “afectan el orden público y la convivencia ciudadana y, por coincidir con la etapa electoral, pueden llegar a incidir y afectar el derecho a la participación, a elegir y postular”.

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