Cuando se gobierna con sesgo o rencor, se corre el riesgo de equivocaciones mayúsculas que pueden dar al traste con un período o matar una zona promisoria para el desarrollo.

El alcalde de Envigado cayó de entrada con ese estado de ánimo que produce el rencor o la envidia vaya uno a saber, cuando quiso aprovecharse de la coyuntura de la actualización catastral ordenada por ley y ejecutada por el anterior para echarle toda el agua sucia a quien ahora no se puede defender, por estar en reclusión domiciliaria.

La ley 1995 de agosto de 2019 establece que el incremento máximo para bienes que hayan estado dentro del plano catastral de las regiones (esto quiere decir que estén legalizados como tales y hayan pagado impuestos sobre los mismos), no puede ser superior al IPC+8 puntos, siempre y cuando no hayan cambiado de destinación, sufrido alteraciones en su área o en el área de construcción durante el transcurso del tiempo entre dos actualizaciones.

En resumen si se tiene un predio igual al que se tenía hace 5 años, el incremento no puede superar el IPC+8 puntos porcentuales.

Haciendo caso omiso a la ley y con argumentos insustentables y vacuos que antes que nada demuestran el resentimiento hacia una zona y con palabras textuales como: “En esas zona viven muchos famosos”, “Le gente que vive allá tiene alto poder adquisitivo”, “Hay casas con jacussi y de mucha área” y algunos otros que demuestran la vaguedad y la escasa preparación técnica y de razonamiento lógico para sostener unas medidas arbitrarias, que nunca debieron tomarse. El hecho es que hay incrementos que superan hasta en 26 veces lo pagado el año anterior.

De tiempo atrás los funcionarios de la alcaldía y muchos concejales han calificado “como los riquitos de las Palmas” a quienes habitan en el Alto de las Palmas, ubicado en una de las carreteras que conectan a Medellín con el Aeropuerto José María Córdoba manifestando su desprecio o más bien envidia, porque tienen la fortuna de habitar en una zona en donde el aire es limpio, el clima es fresco y la fauna es rica en exponentes.

Pero ellos nunca han caído en cuenta de las insuficiencias en los servicios públicos ni la falta de vías acordes con el desarrollo propiciado por la misma administración municipal; que si se ha lucrado en sumas gigantescas por los impuestos de construcción y las obligaciones urbanísticas que se han “invertido”, dicen ellos en otras zonas del municipio que requieren con urgencia las obras de amueblamiento urbano.

La reacción de los habitantes de la zona 12 del municipio no se hizo esperar puesto que el “burgomaestre” no calculó el daño que propició al autorizar esos cobros de impuestos confiscatorios, abusivos y por fuera de toda lógica a un solo sector del municipio.

Las autoridades del orden nacional está tomando cartas en el asunto, la comunidad está muy pero muy molesta por estas arbitrariedades, el desarrollo del sector inmobiliario en esa parte del municipio se paró en seco, el patrimonio de quienes allí habitan tuvo un detrimento mayúsculo, los habitantes no han querido pagar un peso por un impuesto exagerado, las facturas son para ellos letra muerta, los desarrollos urbanísticos que se venían adelantando corren el riesgo de quedarse sin compradores y todo eso por una ambición desmedida o una envidia superlativa que se manifestó con esos impuestos expropiatorios como los sugiere el fulano de la bolsa.

El municipio corre el riesgo de quedarse sin gasolina y los organismos de control deben de oficio, iniciar las investigaciones pertinentes por esas irregularidades que se han presentado desde siempre en esa oficina de catastro municipal.

Revisando facturas de diferentes años para un mismo bien que no ha sufrido variaciones se encuentran tarifas por mil de 13, 4.4, 6.1, 7, 9.2, 3, 0, o en blanco, las destinaciones son variables y el estrato siempre ha sido 6 para poder cobrar el máximo de la tasa “BOMBERIL” que de entrada no tiene justificación puesto que en la zona no se cuenta con estaciones para ese servicio lo mismo que el alumbrado público que a duras penas alcanza para una lámpara por cada 400 metros.

La conclusión de ese análisis puede ser simplemente que estos factores que inciden en el cobro, dependen del estado de ánimo de quien elabora la factura y no obedecen al rigor técnico y comercial exigido para ese tipo de actos del estado. Son más organizadas las tiendas de barrio.

Postre: a todas estas ¿en que andará la gritona con su feudo lleno de contagiados y ella echando culpas a terceros? Siendo la capital debería ser la ciudad de mejores controles sanitarios puesto que gran parte del presupuesto nacional se queda en ese municipio y en verdad no muestra progreso diferente al de la corrupción rampante que allí se respira.

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Redacción Minuto30

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