Ahora el caos es electoral

En verdad, resulta inquietante y preocupante el caos que vive nuestro país. La división de poderes, propia de los Estados de derecho y democráticos está “refundida”, la Rama Judicial se arroga competencias del legislativo, y por ese camino ejemplariza vías para que el legislativo haga lo propio con las facultades del ejecutivo, basta ver la aprobación del Senado para la normalización de las relaciones con Venezuela, asunto propio del Ejecutivo según lo previsto en el artículo 189 de nuestra Constitución Política; o a la Corte Constitucional otorgando personería jurídica a partidos políticos, facultad otorgada por los artículos 108 y 265 de la Carta Fundamental al Consejo Nacional Electoral

Desorganización que también se evidencia ante las precipitadas y oportunistas declaraciones que, sin mayores soportes, a mediados de la semana, emitió el  Registrador Nacional Dr. Alexander Vega Rocha, al señalar que no son confiables las cifras que la autoridad competente posee sobre la población y preguntar ¿Cómo explican que en el DANE somos cincuenta millones de habitantes y en la Registraduría, en el registro civil, somos cincuenta y cinco millones, dónde están los otros cinco millones de colombianos, (…)?, interrogante que reposadamente respondió el Doctor Juan Daniel Oviedo, Director de esa entidad, quien  luego de informar que desde 2017 vienen trabajando las dos entidades de manera articulada, afirmó “De los 60 millones de registros que tiene la Registraduría, hay unos 3,8 de millones de fallecidos y 3,5 de millones de marcas asociadas con cancelación. Es decir, a esos 60 millones de registro habría que restarle unas 11 millones de personas, dando los 49 millones de personas que certificó el DANE en 2018”, para concluir que el debate se debe dar con cifras. Surge un interrogante, ¿Porqué el Registrador Nacional cuestiona hasta ahora la estadística poblacional del DANE?

Cabe advertir a los lectores que desde 2017 entre las dos entidades tienen en marcha un convenio de cooperación, identificado con el No. 02 de 2017, por lo que el cuestionamiento adquiere mayor relevancia. Es cierto que a 30 de junio de 2021 existen 51.049.498 habitantes certificados. Por su parte, el registro nacional en cabeza de la Registraduría, al 31 de diciembre de 2018, cuenta con 60.220.894 registros, de los que deben descontarse 3.724.619 números de identificación de personas fallecidas, 3.563.954 cancelados por errores en su expedición y 3.024.263 que viven por fuera del país, lo que hace que las cifras en poder del DANE sean consistentes y contesten la pregunta formulada por el Registrador. Con todo, el Director del DANE expresó que el censo del año 2018 no puede ser utilizado legalmente para los próximos comicios electorales porque el Congreso de la República no aprobó el proyecto de ley que lo legaliza donde el vigente es el de 1985.

No hay duda que el censo electoral es un instrumento clave para la transparencia del proceso electoral que se avecina, razón suficiente para que las sorpresivas declaraciones del Registrador aumenten la zozobra ante la proximidad de las elecciones del 2022 para elegir en marzo el Congreso de la República y en mayo el sucesor del Doctor Iván Duque Márquez, inquietud que crece ante la falta de claridad sobre la ley que se aplicará en dichas elecciones. El 18 de diciembre del 2020, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria el Senado aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley que buscaba reformar el Código Electoral, naciendo así la Ley Estatutaria del nuevo Código Nacional Electoral, el cual pasó, como corresponde, a control de la Corte Constitucional, que, a la fecha, no ha emitido su pronunciamiento, fallo que, quiérase o no, afecta la contienda electoral.

De impartirse aprobación al nuevo código entrarán a regir sustanciales cambios producto de la aplicación de nuevas tecnologías de identificación biométrica, la extensión de la verificación tecnológica de la huella dactilar y por supuesto se contará con otras nuevas formas en materia de registro, depuración de inscritos, demografía electoral, auditoría para contar con la trazabilidad y veracidad de los resultados y otras interesantes materias que serán a futuro objeto de una columna, pero que, necesariamente, influyen en el próximo debate electoral.

Si a los anteriores factores se une el ilícito de compra de votos, no cabe duda, que reina el caos. Nuestro país, lamentablemente, ocupa el cuarto lugar en América Latina de mayor índice de compra de votos, según informe de transparencia internacional del 2019

Hoy, con lo que está aconteciendo, se infiere que estamos frente a un completo salpicón que impone la consabida frase que donde no hay orden gobierna el caos. O, más aún, puede llegar a patentizarse el consabido pensamiento que de antaño hizo carrera, “el que escruta elige”, dando al traste con la democracia, lo que obliga a todos los colombianos a que propendamos por las garantías necesarias para que tengamos unas elecciones transparentes que respeten la voluntad del pueblo, como corresponde a un Estado Social de Derecho.

Pildorita: La salida del país del mal entonces denominado Canciller de las Farc   Rodrigo Granda a México y su deportación posterior, dejó conocer la vulnerabilidad de los permisos que concede la JEP para la salida del país de ciertos “personajes”, así como la necesidad de justicia que reclaman otras Naciones, como Paraguay, las que están vigilantes y a través de circular roja exigen que el presunto causante de hechos delictuosos responda, ya que en su país no rige el llamado “Acuerdo de Paz”. Deplorable que México no haya estado a la altura, como correspondía.

@HenaoBernardo