Por su presunta responsabilidad en la muerte de tres vendedores ambulantes durante un supuesto combate con extorsionistas, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a ocho militares de la IV Brigada del Ejército Nacional.

Los familiares de las víctimas declararon a la Fiscalía que éstas desaparecieron del centro de Medellín un día antes de su muerte, y que uno de ellos, Correa Valencia, tenía problemas mentales.
Por esos hechos, la Fiscalía acusó al teniente Siervo Alexander Morales Romero, a los cabos Juan Alberto Pacheco Angulo y Carlos Alberto Rey Ospina, y a los soldados profesionales Marcial Córdoba Bermúdez, Julián Rengifo Buenaños, Luis Adrián Álvarez Correa, Wilder de Jesús Rengifo Betancur y Hernando Mariaca, quienes supuestamente incurrieron en el delito de homicidio en persona protegida.
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