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Resumen: Viviane Morales, consejera comisionada de Paz y directora encargada de la Unidad de Implementación, recibió en la Casa de Nariño a Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El Gobierno ratificó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, pero planteó articularla con su política de seguridad. Jenča ofreció la experiencia y presencia territorial de la Misión, que tiene 29 oficinas regionales y subregionales.
Puntos clave
- Viviane Morales recibió en la Casa de Nariño a Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, en su primer encuentro
- El Gobierno ratificó su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz, pero planteó articularla con su política de seguridad
- La Misión, con mandato renovado hasta el 31 de octubre de 2027, concentra su trabajo en la reincorporación y las garantías de seguridad
- Entre 2016 y 2026 han sido asesinados 517 firmantes de paz, según la Fiscalía; casi 11.000 excombatientes siguen en reincorporación
La consejera comisionada de Paz y directora encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Viviane Morales, recibió en la Casa de Nariño a Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en un primer encuentro en el que el Gobierno planteó articular la implementación del Acuerdo de Paz y seguridad en una sola hoja de ruta.
Se trató de la primera reunión entre ambas partes desde que la exministra asumió el cargo, y se dio cuando el Pacto de La Habana está a días de cumplir 10 años: la firma entre el Estado colombiano y las antiguas Farc se dio el 24 de noviembre de 2016.
Morales, que fue ministra de Educación, tomó posesión como consejera comisionada de Paz el 4 de noviembre y asumió de manera encargada la dirección de la Unidad de Implementación, con la misión de revisar a fondo la implementación del pacto de 2016, el cumplimiento de los compromisos y el uso de los recursos públicos.
Acuerdo de Paz y seguridad: qué planteó el Gobierno
De acuerdo con la Unidad de Implementación, el Gobierno ratificó su compromiso con la implementación del Acuerdo, pero dejó clara su intención de articular ese cumplimiento con sus políticas de seguridad.
«La recuperación de la seguridad territorial, la garantía efectiva de los derechos fundamentales y la lucha contra las economías ilícitas son condiciones indispensables para avanzar en la construcción de paz, especialmente en las regiones más afectadas por la presencia de organizaciones armadas ilegales y las distintas formas de violencia», señaló el Gobierno en un comunicado.
Días atrás, en un debate de control político en el Congreso, Morales ya había anticipado que parte de la hoja de ruta del Ejecutivo pasa por «sincerar las cifras» de la paz y evaluar la pertinencia de los diferentes recursos y programas destinados al cumplimiento de los distintos puntos del Acuerdo.
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Por su parte, Jenča destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades del Gobierno y las autoridades territoriales, así como de contar con una arquitectura institucional eficiente que permita atender los desafíos de la implementación. En ese marco, reiteró la disposición de la Misión de aportar su experiencia, conocimiento y presencia territorial a través de sus 29 oficinas regionales y subregionales.
En entrevista con El Tiempo, el diplomático eslovaco aseguró que «no se ha logrado traer la institucionalidad de una manera suficiente para crear y garantizar los espacios necesarios para el desarrollo territorial».
Un mandato renovado, con nuevo enfoque
La Misión llega a este acercamiento con un mandato recién extendido: el Consejo de Seguridad de la ONU lo renovó hasta el 31 de octubre de 2027, pero con funciones reducidas. La reforma rural integral salió de su verificación y quedó en cabeza de las instituciones colombianas, de modo que su trabajo se concentra ahora en la reincorporación de los excombatientes y en las garantías de seguridad para ellos, sus familias y las comunidades de los territorios.
Ese nuevo enfoque encaja con la intención del Gobierno de articular el Acuerdo de Paz y seguridad, en un país donde la ONU viene advirtiendo por la vulnerabilidad de los firmantes y por el funcionamiento de agencias clave para el tránsito a la vida civil, como la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
Las cifras explican la advertencia: entre 2016 y 2026 han sido asesinados 517 firmantes de paz, según la Fiscalía General de la Nación. Y aunque casi 11.000 excombatientes siguen comprometidos con su proceso de reincorporación, las amenazas de los grupos armados y las desigualdades sociales y económicas mantienen en riesgo la estabilidad de sus proyectos de vida.
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Con este primer encuentro, la articulación entre el Acuerdo de Paz y seguridad quedó sobre la mesa como uno de los primeros asuntos concretos en los que el Gobierno de Abelardo De La Espriella y la Misión de Verificación deberán trabajar de la mano, en un año en el que la implementación cumple una década y seguirá bajo la lupa de la verificación internacional.
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