Entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en Colombia, un problema legislativo

Pese a que el presidente Iván Duque firmó en diciembre de 2019 el Acuerdo de Escazú, que entra en vigor este jueves en una decena de países, Colombia no será uno de ellos porque el Congreso no lo ha ratificado, aunque fue radicado con mensaje de urgencia el 20 de julio pasado.

El trámite legislativo está detenido porque un bloque de congresistas, incluidos miembros del oficialista Centro Democrático, y los gremios más importantes desaprueban su contenido y piden que sea archivado.

Entre tanto, el Gobierno se desmarca con el argumento de que ya hizo su parte, que fue suscribir el acuerdo y enviarlo con mensaje de urgencia al Congreso para que fuera tramitado más rápido.

«Nosotros hemos hecho lo que corresponde al poder Ejecutivo. El poder Ejecutivo lo firmó y lo presentó a ratificación en el congreso, y el Congreso de la República, en su independencia y en su soberanía, tendrá que seguir abordando la discusión constructivamente», afirmó el presidente Duque en una entrevista con Efe el lunes pasado.

EL DOCUMENTO

El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, en lo que es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.

El Gobierno de Duque firmó el acuerdo el 12 de diciembre de 2019 con el objetivo de que Colombia sea «líder en la gestión ambiental global».

«Haciendo referencia a nuestra Constitución tenemos el artículo 23 que hace una especial mención al acceso a la información veraz y oportuna para todos los ciudadanos. Escazú promueve el acceso transparente a la información en materia ambiental», manifestó el presidente cuando firmó el documento.

«MITOS» SOBRE EL ACUERDO

Grupos ambientalistas y de oposición han manifestado su preocupación por los «mitos» que consideran que frenan la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso colombiano.

Parlamentarios del partido Alianza Verde incluso mandaron en octubre del año pasado una carta a la canciller, Claudia Blum, en la que le explicaban los beneficios de que el Congreso ratificara el documento y para que dialogara con los sectores que están en desacuerdo.

Según dijeron en la misiva, existen mitos como que el acuerdo «representa una amenaza para la soberanía nacional» o que «en Colombia ya hay suficientes mecanismos de participación y cuenta con un marco legislativo para proteger el ambiente».

Es por ello que recordaron que un estudio de la ONG Global Witness publicado en julio del año pasado señala que América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en 2019 y Colombia lidera esa estadística.

El país registró 64 de los asesinatos de 2019, la cifra más alta divulgada por Global Witness, y superior a los 43 perpetrados en Filipinas, que ocupó el segundo lugar.

«Nos permitimos aseverar que, en el país, no nos encontramos en un escenario de plenitud y garantía total de protección de derechos humanos, siendo este motivo suficiente para, sin lugar a dudas, ratificar el Acuerdo», expresaron los congresistas, liderados por la senadora Angélica Lozano.

COLOMBIA NO ENTIENDE EL ALCANCE DEL ACUERDO

La bióloga Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y exdirectora del Instituto Alexander von Humboldt, dedicado al estudio y defensa del medio ambiente, dijo a Efe que el hecho de que el Congreso no haya ratificado el acuerdo, significa que no está «entendiendo su alcance».

La experta aseguró que los sectores que se oponen consideran que esto «va a hacer más difícil la construcción de represas, minas, infraestructura», algo que tachó de ser una «apreciación muy injusta con toda la discusión que se ha hecho para construir el acuerdo».

«Es un acuerdo del sistema de Naciones Unidas propiciado por todos los tratados internacionales, es una propuesta para operacionalizar la participación y la democracia en todo el mundo», explicó.

Baptiste aseguró además que «tiene implicaciones importantes sobre los mecanismos de transparencia con los que se toman las decisiones importantes en estos grandes temas de dimensión pública y privada y puede poner en el ojo del huracán algunos de ellos», algo que debe ser visto «con buenos ojos».

«La participación y el debate público, la información transparente, son fundamentales para tomar buenas decisiones y distribuir los riesgos ambientales de una manera más justa. Entonces la señal de los países que no firman Escazú es que no les suena mucho construir mecanismos justos y equitativos de participación», advirtió la bióloga. Bogotá, 22 abr (EFE) | Jorge Gil Ángel

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