A la cárcel exfuncionarios de la Alcaldía de Pereira por irregularidades en contratos de atención a adultos mayores

Foto tomada de archivo para ilustrar esta noticia.

Minuto30.com-. El exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira, Jhon Jairo Lemus, y la subsecretaria adscrita a ese mismo despacho, Diana Carolina Sánchez Lema, fueron enviados a la cárcel porque, al parecer, usaron sus cargos para apropiarse de recursos públicos destinados para asistir a una población vulnerable, como lo es la de los adultos mayores en la capital de Risaralda.

Según la investigación, en el 2016 los exfuncionarios supuestamente suscribieron cuatro contratos por 700 millones de pesos, con cuatro fundaciones que no reunían las características en funcionamiento y naturaleza para recibir los convenios; aun así les fueron otorgados y, luego de la firma, ampliaron sus objetos sociales para cumplir con la obligación.

Las otras personas afectadas con medida de aseguramiento en cárcel fueron Alejandro Ospina Coll, funcionario actual de la tesorería municipal; Libardo Flórez Guerrero, representante legal de una de las fundaciones beneficiadas, y Diana Inés García Benítez, cuñada del exsecretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira.

A otros dos vinculados a la investigación, Lina María Franco Sierra y Carlos Alberto Valencia Ramírez, el juez les concedió medida de aseguramiento domiciliaria; mientras que Shirley Xiomara Ramírez Barco fue dejada en libertad, por supuesta falta de elementos que la asociaran al caso de corrupción. En este último caso la Fiscalía y la Procuraduría apelaron.

La investigación, que nació a raíz de una compulsa de copias por parte de la Personería de Pereira, llevó a que la Fiscalía a través del CTI iniciara un minucioso trabajo en el que entrevistaron a varios de los involucrados y afectados hasta dar con los presuntos responsables del detrimento patrimonial al municipio. La verificación documental y en bases de datos arrojó que los indiciados habrían permitido un carrusel de certificados de idoneidad, en el que las mismas fundaciones intercambiaron autorizaciones unas con otras para reunir los diversos requisitos de contratación.

Los peritos del CTI constataron que las fundaciones reportaron compras de dotación e insumos parta atender a los adultos mayores y soportaron esos gastos con facturas que contenían direcciones inexistentes. Entre los gastos se cuentan 40 camarotes por 18 millones 920 mil pesos. También encontraron que las instalaciones previstas para asistir a la población vulnerable no eran las más apropiadas, tenían humedad, hongos y otras condiciones de poca salubridad.

Con información de la Fiscalía General de la Nación