
1. Fortalecimiento de la autonomía de la rama jurisdiccional.
2. Fortalecimiento de los mecanismos que permitan la descongestión judicial y un adecuado acceso del ciudadano a la justicia.
3. Supresión de las funciones judiciales del Congreso de la República. En consecuencia, se sugiere la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
4. Fortalecimiento de los mecanismos de control a los altos dignatarios del Estado, a través de los juicios de responsabilidad política ante el Congreso, como presupuesto para iniciar acciones penales y disciplinarias, frente a conductas relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
5. Supresión del Consejo Superior de la Judicatura, tanto en su sala administrativa como en su sala disciplinaria.
6. Creación del Consejo Nacional de Administración Judicial, encargado de diseñar políticas generales de la administración de justicia y administrar autónomamente la rama. [pullquote]Los dos puntos más polémicos sugieren eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y se eliminaría la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.[/pullquote]
7. Creación de un Consejo de Disciplina Judicial con origen en las altas cortes, que se encargará de la investigación y juzgamiento en materia disciplinaria de los magistrados de tribunal, jueces, empleados judiciales, fiscales, auxiliares de la justicia, abogados y todo aquel que ejerza función jurisdiccional.
8. Se recomienda la futura creación de una Colegiatura Obligatoria de Abogados, con autodisciplina.
9. Se mantiene en la Corte Suprema de Justicia tanto la investigación como el juzgamiento de los miembros del Congreso, a quienes se les garantizará la segunda instancia y la separación de las funciones de investigación y juzgamiento.
10. Se sugiere avanzar con el trámite del proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia con la interlocución de los distintos actores.
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