Por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho por dar u ofrecer, el fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón, profirió resolución de acusación en contra del exministro de la Protección Social.

Los hechos están relacionados con el trámite ante la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo que permitía la reelección presidencial, y las presuntas irregularidades que ocurrieron previamente como ofrecimiento de prebendas o dádivas para agilizar la iniciativa a comienzos de junio de 2004.
El caso se conoce con el nombre de la ‘yidispolítica’, porque fue precisamente la representante Yidis Medina la que admitió, en un vídeo que grabó para Noticias Uno, que le ofrecieron y recibió cargos dentro de la administración pública a cambio de su voto favorable.
Los exministros Pretelt y Palacio negaron las afirmaciones de la excongresista. Sin embargo, Medina fue condenada por el delito de cohecho. Actualmente purga su pena en detención domiciliaria.
[pullquote]La fiscalía tenía plazo hasta el 2 de mayo para definir la suerte de este proceso y sus implicados. De lo contrario, el caso prescribiría.[/pullquote]
Durante el proceso, se habían presentado múltiples situaciones procesales, como los impedimentos del exfiscal Mario Iguarán Arana y del exvicefiscal Juan Carlos Forero Ramírez, la nulidad de la acusación contra Pretelt de la Vega decretada por la Corte Suprema de Justicia y la del cierre de la investigación seguida contra Palacio Betancourt y otros, por falta de competencia del exvicefiscal Fernando Pareja Reinemer para adoptar dicha determinación.
Mediante resolución 0203 de 7 de febrero de 2012, la exfiscal general, Viviane Morales, delegó en el fiscal jefe de la unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y acusación en el presente caso, quien profirió ayer las decisiones inicialmente mencionadas.
Con respecto al exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación 12 de septiembre de 2011, por considerar que debe ser escuchado en ampliación de indagatoria por el presunto delito de tráfico de influencias, “en aras de garantizarle un adecuado ejercicio del derecho a la defensa”, señalaron desde la Fiscalía General de la Nación, FGN.
Con información de cronicadelquindio.com
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