Fajardo pide reglas claras para evitar frustraciones en proyecto de vivienda gratis

“Necesitamos reglas de juego claras, que no se convierta en una pelea de cuanto le toca a usted, cuanto le toca a usted y cuanto le toca a usted, porque en la asignación de las regalías ha habido una gran cantidad de discusiones. Entonces con unas reglas de juego claras en Antioquia estamos listos para participar en ese programa”, dijo Fajardo.

El mandatario departamental dijo que es necesario conocer como se van a asignar estas viviendas.

“Nosotros en Antioquia estamos en capacidad de tener cien mil personas para aplicar a ese programa, entonces necesitamos saber cómo se van a asignar a los departamentos, a los municipios. Nosotros en Antioquia ya estamos con la Gerente de VIVA organizando nuestros municipios para que cumplan bien las condiciones y para ayudarles a que presenten juiciosamente sus municipios, lotes, proyectos e infraestructura”, explicó el mandatario departamental.

El saliente ministro del Interior y recién designado jefe de la cartera de Vivienda, Germán Vargas Lleras, radicó ayer en el Congreso el proyecto de ley de Vivienda de Interés Prioritario que pretende entregar 100 mil viviendas en el año 2013 con el ciento por ciento de financiación por parte del Estado, ya que el proyecto, en uno de los principales artículos, establece la supresión de la exigencia del ahorro programado y de la suscripción de crédito hipotecario para los beneficiarios.

El proyecto dice que las alcaldías municipales serán las encargadas, en coordinación con el Gobierno Nacional, de escoger a los beneficiarios. Estos serán seleccionados a través del Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN). El texto de la iniciativa dice que los beneficiarios deberán ser de los estratos 1 y 2. El gobierno ha dispuesto 4 billones de pesos para financiar la construcción de las 100 mil viviendas.

Pese a lo anterior para algunos gremios el proyecto genera muchas preguntas que están a la espera de respuestas: ¿cuánto terreno hay en el país para edificar las construcciones?, ¿cuán dispuestos están los privados a vender sus lotes si les resulta más rentable dejarlos para engorde? ¿El proyecto tiene instrumentos que lo blinden de corrupción o burocracia en la designación de beneficiarios?