La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia dos solicitudes en contra de tres exgobernadores de Córdoba, salpicados por presuntos actos de corrupción presentados en ese departamento.
En el primero, se le imputaron cargos por remodelación de escenario deportivo a Martha Sáenz Correa (2008 – 2011), Alejandro José Lyons Muskus (2012 – 2015) y Edwin José Besaile Fayad (2016 – 2017), al parecer, porque los hechos investigados están relacionados con presuntas actuaciones ilícitas detectadas en el trámite y celebración de un convenio interadministrativo suscrito el 30 de diciembre de 2011, que tenía por objeto la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora y en el que se habría presentado un detrimento por $1.501’344.842.
En la segunda solicitud, el ente investigador acusó por contratos de IPS a Lyons Muskus y Besaile Fayad, por supuestas irregularidades de contratación con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS): Funtierra Rehabilitación LTDA, Crecer y Sonreír Unidad de Rehabilitación S.A.S., Unidad Integral de Terapias de la Costa S.A.S., IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y de Servicios de Salud S.A.S.
El material probatorio recaudado en las investigaciones daría cuenta que el objeto de los contratos habría sido incumplido en el entendido que no se realizaron todas las neuroterapias de desarrollo pagadas con recursos del Sistema General de Participaciones para atender a la población pobre no asegurada. Del mismo modo, se evidenció la intencionalidad de la administración de no hacer los respectivos recobros a las EPS.
El detrimento al erario probado para Alejandro José Lyons ascendería a $26.219’898.046, que correspondería al 85,71% del total de pagos realizados a las IPS; mientras que los dineros comprometidos por Edwin José Besaile Fayad alcanzarían los $174’577.500.
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