En uno de los diarios nacionales, al analizar la sentencia del Consejo de Estado en virtud de la cual se declaró nula la elección hecha por Corte Suprema de Justicia de de la fiscal general de la nación, Vivian Morales Hoyos, por no haber obtenido la mayoría constitucional, se dijo que el Consejo de Estado habría incurrido en igual irregularidad cuando eligió recientemente a cuatro de los Magistrados para proveer igual número de plazas nuevas que hoy integran la sección tercera de dicha Corporación.
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Averiguaciones hechas por La Barca indican que tal afirmación es producto de una perversa tergiversación de los argumentos tenidos en cuenta por el Consejo de Estado para proferir la decisión que anuló la elección de la fiscal Morales, hecha por la Corte Suprema de Justicia el día primero de diciembre de 2010. En efecto, de conformidad con la ley estatutaria de la administración de justicia, la Suprema Corte está compuesta por 23 miembros las dos terceras de los cuales son dieciséis, el mismo número que debió elegir válidamente a la señora Fiscal.
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El quórum imperfecto.
En cambio, de conformidad con el mismo estatuto el Consejo de Estado estaba compuesto antes del momento en que se proveyeron las cuatro nuevas plazas creadas por la ley por veintisiete magistrados cuyas dos terceras partes son dieciocho con los cuales fueron elegidas las cuatro plazas y que por lo tanto no hacían parte del quórum sino a partir del momento en que fueron llenadas.
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Toda una mezquindad.
La mezquindad surge del hecho de hacer aparecer como integrantes del Consejo de Estado a los titulares de las cuatro plazas nuevas con anterioridad al momento de su creación y provisión de las mismas. A raíz de lo anterior existe un abierto malestar de los integrantes de la Corporación por la manera como quieren con propósitos desconocidos descalificar la juridicidad del fallo.
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El entuerto de aquel día.
Lo que si es un hecho es que los miembros de la Corte Suprema de Justicia que crearon el entuerto que dio lugar a la histórica decisión del Consejo de Estado serán investigados por las autoridades competentes por las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias. (Así sea por una sola vez), que se derivan de su irregular conducta, como funcionarios de la más alta cumbre de la justicia colombiana.
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Una pregunta clave.
A propósito de lo todo lo expuesto: ¿Cual fue la razón para que la Corte Suprema de Justicia hubiera cambiado el sistema de elección de Fiscal General de la Nación solamente cuando de Palacio les garantizaron el envío de una nueva terna en lugar de la que estaba en discusión, enviada por el anterior presidente Álvaro Uribe Vélez?
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¿Fraude Procesal?
La verdad monda y lironda es que esta estrategia de elección de Fiscal, según todos los indicios, fue acordada en la Casa de Nariño, aunque también parecen existir pruebas con “Palacio”.
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