Hay suficientes indicios para pensar que está en camino una nueva ronda de diálogos con las Farc. El presidente Santos desde el inicio de su mandato envió la primera señal de humo cuando dijo que las llaves de la negociación no están en el fondo del mar y agregó que esperaba gestos de paz de parte de las guerrillas.
La Iglesia Católica por voz de sus jerarcas ofreció sus buenos oficios para acercar a las partes, pero, dentro de la mayor discreción. El vicepresidente Garzón terció aclarando que para un diálogo serio la guerrilla debía renunciar al secuestro y liberar a los secuestrados. En varias ocasiones alarga o recorta la lista de condiciones que en su parecer debe cumplir la guerrilla: liberación de secuestrados, no reclutamiento de menores, abandono de acciones terroristas. No faltan los senadores y dirigentes políticos que exponen como único requisito para entablar nuevos diálogos la liberación de los secuestrados.
En el coro de los partidarios de dialogar por dialogar están también los infaltables colectivos y personalidades que piensan que el diálogo debe realizarse en el marco de una amplia agenda temática sobre los problemas nacionales, dando a entender que las guerrillas representan a algún sector social y además, proponen hablar de asuntos concretos.
El fallecido máximo dirigente de las Farc y el mando central del ELN expresaron desde el inicio de la administración del presidente Santos su disposición a reiniciar los diálogos sin ofrecer nada a cambio y como si nada hubiese ocurrido en estos últimos 9 años desde la fracasada experiencia de las negociaciones en El Caguán.
Sus declaraciones no lograron despertar grandes apoyos ni alentar las esperanzas de paz de la mayoría de colombianos, pues mientras daban a conocer sus elaboradas peroratas sobre las reformas sociales que deben hacerse, proseguían con sus acciones de terror, la siembra de minas antipersona, el reclutamiento de menores y el juego perverso de prolongar el secuestro de varios suboficiales, la mayoría de los cuales ya rebasa una década enterrados en la inhóspita selva amazónica.
Con la llegada de alias Timochenko al mando del Secretariado, de nuevo, dicen algunos comentaristas oficiosos del diálogo sin condiciones, se abren las posibilidades de que el gobierno y las guerrillas se sienten a conversar sobre la paz. Tres cartas ha escrito el nuevo jefe, en un tono ciertamente diferente por sus inspiradas alusiones greco-heroicas, con aire de tragedia, en la que estamos hundidos, como si ellos no fueran parte de este lodazal de sangre en que han sumido al país.
Al final, en concreto, es siempre el mismo aunque sus adláteres en la vida civil, sus amigotes, su quinta columna y los ilusos de siempre, nos vengan a decir que se trata de un nuevo lenguaje, de un acto de sensatez y concreción. Adobado, además, como en el pasado, por el anuncio de liberaciones, de a pocos, como gesto de buena fe, tal como algunos dirigentes políticos les piden “liberen los secuestrados si quieren que se inicien nuevos diálogos”.
Y, otra vez, como el año anterior y como todos estos años pasados, es como si nada hubiera cambiado en el conflicto armado, como si el proyecto insurgente fuese el mismo en contenidos, ideas y procedimientos utilizados en sus orígenes, como si el narcotráfico no los hubiera permeado y corrompido, como si la Fuerza Pública no les hubiera propinado golpes de carácter estratégico y bajas sensibles y no se hubiera adentrado en sus supuestos inexpugnables santuarios. Negociar “retomando la Agenda de El Caguán”, es lo que proponen sin inmutarse, impávida e impúdicamente.
Vale la pena preguntarse si es que creen que el gobierno y la sociedad le darán crédito a ese exabrupto, a ese mal recuerdo, que nos quedó a los colombianos de esa nefanda experiencia. ¿Por qué, a sabiendas de que va a generar rechazo del alto gobierno, por lo menos del presidente Santos y de la Fuerza Pública, que en vez de apoyos generará rechazos a granel, osan plantear ese imposible retorno al pasado? La respuesta la dio, afanoso, el ex presidente Pastrana, llena de ingenua y piadosa bondad y candoroso entusiasmo. Como si fuera parte de un libreto, del que hacen parte los dialoguistas de marras, Pastrana, salió a defender el contenido de la Agenda (120 puntos que darían para una discusión eterna).
Pero olvidó decirnos las razones y los argumentos que justifiquen que la agenda del país deba negociarse con una guerrillas que carecen de representación, desprestigiadas e involucradas en múltiples crímenes de guerra. Su Comisionado de Paz, Camilo Gómez, pidió a las Farc que “suspendieran” los secuestros, en vez de plantear que una de las condiciones para cualquier conversación es el cese definitivo de este proceder. Por su parte, el congresista acomodado a las circunstancias, Roy Barreras, dejó ver lo que está en la cabeza de los dialoguistas, al clamar por la liberación de los secuestrados como paso previo para iniciar diálogos.
Así pues, lo que se puede concluir es que se está ambientando un diálogo entre el gobierno nacional y las guerrillas sobre la base de la liberación de los secuestrados (sobre todo, y quizás únicamente, los suboficiales). La guerrilla cedería lo de la Agenda de El Caguán y accede a la liberación, para ganar nuevo oxígeno, recargar baterías, tener un respiro, rehacer filas y reconstruir enlaces y circuitos, lanzar una ofensiva diplomática con el apoyo de los gobiernos “bolivarianos” y ganar reconocimiento o estatus de fuerza beligerante, y, de esa forma, reivindicar, en un momento más propicio la Agenda en cuestión. El mensaje que quedará, si ello finalmente se da, es que el secuestro sí paga, que para la guerrilla valió la pena haber persistido en ese crimen de guerra, que el Estado se dejó chantajear.
Un paso atrás, sin duda, un retroceso, un error, una ingenuidad absoluta, es lo que significa dialogar con unas guerrillas dejando de lado inamovibles que se consideraban tales, como la exigencia de declarar inútil y vencido el camino de las armas, la renuncia explícita al secuestro (no la negociación de un acuerdo a este respecto como lo sugirió uno de los dialoguistas), el cese de actos terroristas y de acciones militares ofensivas.
¿Qué sentido tiene dialogar sin condiciones que el Estado puede anteponer con toda legitimidad? No es comprensible ni admisible que se siga pensando que es una humillación exigirles a las guerrillas que reconozcan el fracaso de la lucha armada y propongan un diálogo para negociar condiciones de favorabilidad jurídica alternativa en el proceso de su desmovilización.
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