Según Carlina Varela, presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del Valle, después de revisar el fallo completo contra el Gobernador se llegó a la determinación de que «sí se violó el debido proceso».
Por lo tanto, según el fallo de una tutela en primera instancia dado a conocer hoy por la Sala Disciplinaria de ese organismo, el gobernador Juan Carlos Abadía debe ser restituido en su cargo.
Según los términos de Ley, Abadía tendrá cuatro meses para que presente la demanda de nulidad de la decisión de la Procuraduría de destituirlo e inhabilitarlo del cargo y se restauren así sus derechos.
Sin embargo, primero que todo la Justicia deberá resolver la apelación que la Procuraduría General de la Nación ya anunció contra el fallo de tutela dado a conocer hoy. El Ministerio Público tiene un plazo de tres días para presentar este recurso. A partir de allí, el Consejo Superior de la Judicatura dispondrá de 20 días hábiles para dar un fallo definitivo. Mientras se da una respuesta Abadía podrá seguir desempeñándose en su cargo, dijo el Consejo.
Pese al fallo de tutela emitido hoy, Abadía sólo se podrá reintegrar a su cargo cuando el Gobierno Nacional emita el decreto revocando el nombramiento de Víctor Manuel Salcedo como mandatario encargado. Mientras eso no ocurra, Abadía no podrá actuar en calidad de Gobernador porque sus actos estarían viciados, según explicaron abogados.
Es de señalar que hoy la Procuraduría General de la Nación le exigió a la Magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas, del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Disciplinaria, realizar la inspección judicial decretada mediante auto del pasado 15 de junio de 2010. Ello, agregó, con el fin de «evitar perjuicios irremediables al interés público”.
Según la Procuraduría, tal solicitud obedece al hecho de que la magistrada Bonilla Vargas, encargada del caso de Abadía, no “ha practicado la prueba ni dispuesto fecha para la misma, a pesar de haber sido decretada y luego de que la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, en escrito del 21 de junio del año en curso, le advirtió a la Magistrada que el expediente del proceso disciplinario adelantado contra Juan Carlos Abadía Campo se encontraba a su diposición”.
El caso
El Ministerio Público, en fallos proferidos el 5 y el 25 de mayo de 2010, ordenó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por indebida participación en política.
El martes de la semana pasada, el Consejo Superior de la Judicatura del Valle había suspendido efectos de la determinación de la Procuraduría Regional que relevó al Gobernador de su cargo, por indebida intromisión en política, y lo inhabilitó en el ejercicio de funciones públicas durante diez años.
Esta suspensión se dio luego de que el tribunal regional aceptara una tutela interpuesta por la defensa de Abadía, alegando que el órgano de control violó el derecho al debido proceso del Gobernador.
Dicha decisión provocó un enfrentamiento con la Procuraduría que la rechazó y la calificó como “una burla a la función disciplinaria” y “un agravio al ordenamiento y la moralidad pública”.
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Sólo hoy se conocería el fallo de primera instancia en el que se define la tutela que invocó la restitución de Juan Carlos Abadía Campo como Gobernador del Valle del Cauca, a raíz de que fuera destituido del cargo e inhabilitado en el ejercicio de funciones públicas durante diez años.

Así lo dio a conocer la magistrada Carlina Varela, presidenta de esa célula judicial, quien confirmó ayer que ya está lista la determinación, pero sólo en el transcurso del día será divulgada.
El martes de la semana pasada, el organismo seccional suspendió los efectos de la determinación de la Procuraduría Regional que relevó al Gobernador de su cargo, por indebida intromisión en política del mandatario vallecaucano.
La magistrada Ruth Patricia Bonilla Vargas promulgó una medida provisional en la que protegía el debido proceso invocado por Abadía, mientras este tribunal decide al respecto.
Precisamente, el fallo de hoy clarificará si le fueron vulnerados los derechos al Gobernador.
La decisión provocó un enfrentamiento con la Procuraduría que la rechazó y la calificó como “una burla a la función disciplinaria” y “un agravio al ordenamiento y la moralidad pública”.
Versiones de prensa dieron cuenta ayer en la región que la medida del Consejo favorecería a Abadía Campo.
Víctor Manuel Salcedo, gobernador (e) del Valle, al cierre de esta edición dijo desconocer una definición al respecto.
La magistrada Varela insistió en que sólo hoy se revelará la decisión.
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