VIDEO: ‘Mermelada Tóxica’, la investigación que permitió identificar caso de corrupción en proyecto de Coldeportes

Fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Foto: Fiscalía.

Minuto30.com-. La Fiscalía ha desarrollado una indagación sobre el manejo de los llamados “cupos indicativos”, en orden a establecer la regularidad en el manejo de los mismos. En desarrollo de dicha investigación, que ha tomado más de un año y que se basa en casi 50.000 registros telefónicos, seguimientos judiciales y cientos de documentos, se logró establecer que mediante este mecanismo “se asignaron recursos a las regiones en condiciones de opacidad, lo que facilita la corrupción, hace más complejo su seguimiento y da lugar a que un porcentaje de los dineros públicos se desvíe y no se inviertan integralmente en los municipios beneficiarios”.

“La denominada mermelada se vuelve ‘tóxica’ cuando el miembro de una corporación pública beneficiario del cupo logra su direccionamiento a través de una alcaldía vinculada, por medio de la cual se obtiene que un contratista preseleccionado les asegure un porcentaje del contrato”, dijo al respecto el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Agregó que en la Fase I de la Operación ‘Mermelada Tóxica’, “uno de los alcaldes de los municipios investigados, de Categoría 6 y con marcadas características de marginalidad, manifestó a la Fiscalía que en los proyectos de inversión de estos cupos solo la mitad se queda en la región: ‘hay que pagarle un 12% al congresista, y un 30% adicional lo cobran los grupos armados irregulares de la región'”.

Primer caso de ‘Mermelada Tóxica’

El primer caso de que ha comprobado la Fiscalía, dijo el fiscal general, tiene origen en un convenio que se suscribió entre el alcalde de El Peñón, en el sur del departamento de Bolívar, y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de fútbol 11 en el barrio La Concepción de ese municipio de Categoría 6, al que solo es posible llegar en ferry por el río Magdalena.

Según las pruebas recaudadas por los investigadores, el convenio fue priorizado en Coldeportes, por tratarse de “un cupo de un senador”. Las evidencias acopiadas indicarían que se trata precisamente del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado de la República.

La investigación da cuenta de que Arling Arias, alcalde municipal, “sería un servidor público cercano al senador Correa, quien por conducto de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio por tres mil cuatrocientos noventa y un millón de pesos ($3.491’000.000), para la construcción del escenario deportivo. Los funcionarios habrían obtenido una ‘coima’ de este convenio, indicó el fiscal Martínez.

Explicó el fiscal general que el sistema de pagos que se usó en este caso fue así: “La asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Correa, señora Mariela Margarita Trujillo Buelvas, habría buscado a un funcionario de Coldeportes para elaborar los diseños del proyecto, con el fin de promover el convenio en su fase inicial. El funcionario de Coldeportes plagió los diseños presentados por otro municipio, que nada tendrían que ver con las condiciones y necesidades de El Peñón, y los radicó en noviembre de 2016”.

Por su parte, “el alcalde del municipio habría identificado al contratista que le serviría como firmante del contrato, quien se habría comprometido a pagar una ‘coima’ equivalente al 12% del convenio a través del congresista y otro porcentaje para el alcalde”, agregó Martínez.

“En 2017, cuando fue evidente que los diseños no sirvieron, la contratista hizo un pago a funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y viabilizaran técnicamente el proyecto. Aunque se hizo el pago, los diseños jamás fueron ajustados”, manifestó.

Y añadió: “En noviembre de 2017 y ante la urgencia de aprobar los proyectos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, un funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a pesar de tener diseños arquitectónicos, hidráulicos, estructurales y eléctricos presuntamente falsos. Este funcionario también habría recibido dinero a cambio y, posteriormente, fue nombrado supervisor del contrato”.

De esta forma, de acuerdo con el fiscal general de la Nación, aunque se pasaron por alto todas las reglas de la contratación pública, se obtuvo el radicado ante Coldeportes, con el fin de viabilizar el cupo indicativo del senador.

En mayo de 2018 se suscribió el contrato entre la Alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón, “conociendo los contratistas que el proyecto aún no contaba con los diseños requeridos”.

“Las investigaciones permitieron determinar que el pago del 12% para el congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60% de la ‘coima’ al inicio de la gestión y el 40% restante al momento de la firma del convenio”, señaló Martínez.

Aseguró que también se determinó que el alcalde de El Peñón habría recibido al menos cincuenta millones de pesos por la gestión y que los funcionarios de Coldeportes habrían recibido diez millones de pesos por realizar los diseños del proyecto y cuatro millones de pesos por ajustarlos y viabilizarlo.

“Todos los pagos se habrían efectuado en efectivo, según las conclusiones del fiscal de caso, para evadir los controles. Inclusive, uno de los pagos con destino a funcionarios de Coldeportes habría sido consignado a la cuenta bancaria del hijo de Mariela Margarita Trujillo Buelvas, la asesora de UTL del senador, quien se habría encargado de mediar entre las partes y de hacer varios de los cobros que se tenían como cuotas por la asignación de los recursos. De hecho, presuntamente ella fue la encargada de hacer el seguimiento para la viabilización del proyecto y por ello se habría encargado del pago a los funcionarios de Coldeportes para lograrlo”.

Negocios complementarios

Además de recibir dinero para falsear los planos y estudios de la cancha para El Peñón, uno de los funcionarios de Coldeportes, Carlos Hernán Rivera Lozano, tenía una empresa que se dedicaba, según indican las investigaciones, a prestar este tipo de “servicios”, para estructurar los diseños que irían a ser presentados por los diferentes alcaldes municipales para que cumplieran con las normas técnicas, de forma que no tuvieran inconvenientes en el proceso de viabilización de “cupos indicativos”.

Por su parte, el contratista indiciado conocía la dinámica del trámite de los “cupos indicativos” en Coldeportes, lo que le permitirá a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de los hechos ocurridos en esta entidad, según indicó el fiscal general.

Las capturas

Este miércoles fueron capturados por estos hechos las siguientes personas:

Funcionarios:

• Arling Arias García, alcalde de El Peñón Bolívar.
• Mariela Margarita Trujillo Buelvas, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Antonio José Correa.
• Gustavo Álvaro Velandia Segura, funcionario de Coldeportes, quien viabilizó técnicamente el proyecto.
• Jairo Fidel Ortega Chaparro, Ffuncionario de Coldeportes, a quien le pagaron por ajustar los diseños estructurales.
• Edwin Fabián Moreno Ruiz, funcionario de Coldeportes, quien filtraba información de la viabilidad del proyecto y sacaba e introducía documentos para lograr la celebración del convenio.

Contratistas:

• Carlos Celestino Martelo Sarabia, contratista mayoritario.
• Vanessa Margarita Deyongh Yepes, intermediaria posterior del contratista.

Particular:

• Carlos Hernán Rivera Lozano,  exfuncionario de Coldeportes, quien a su vez tenía una empresa para ofrecer a los alcaldes los diseños de los proyectos y su consecuente viabilización.

En los próximos días, ante juez de control de garantías de Bogotá, un fiscal de conocimiento imputará cargos a los hoy detenidos por varios delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho, falsedad en documento público, concierto para delinquir y concusión.

Compulsas

Adicionalmente, el fiscal de conocimiento decidió compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que se indaguen las presuntas conductas irregulares en que habría incurrido el senador Antonio José Correa.

Por lo demás, se ha dispuesto la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta de los servidores públicos investigados, puntualizó el fiscal Martínez.

Con información de la Fiscalía General de la Nación