Juez ordena que Lula deje de disfrutar en prisión de beneficios

Con la decisión, Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, pierde beneficios que la ley dispone para exmandatarios. EFE/Antonio Lacerda/ARCHIVO

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena de 12 años por corrupción, no podrá gozar más de los beneficios que tenía como exmandatario por estar preso, informaron hoy fuentes judiciales.

Así lo establece la cautelar que concedió el juez federal Haroldo Nader, de la sexta sala Federal del municipio de Campinas, para que el Estado suspenda “inmediatamente” estos beneficios al exmandatario.

La decisión del juez, fechada este miércoles y divulgada hoy por los medios, se basó en la solicitud realizada a través de una acción popular presentada por Rubens Alberto Gatti Nunes, coordinador del Movimiento Brasil Libre (MBL).

Con la decisión, Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, pierde beneficios que la ley dispone para exmandatarios, como agentes de seguridad, transporte con conductor y asesorías, cuyo mantenimiento, según el juez Nader, lesionan el erario.

“El expresidente está bajo custodia permanente del Estado, en sala individual (hecho notorio), es decir, bajo protección de la Policía Federal, que le garantiza mucha más seguridad de lo que había tenido cuando estaba libre”, según argumentó el juez en la decisión.

Asimismo, Nader aseguró que por el hecho de estar preso es “absolutamente innecesaria la disponibilidad de dos vehículos, con conductores” y agregó que no tiene “justificación razonable el mantenimiento de asesores generales a quien está detenido, apartado de los quehaceres normales, la actividad política, profesional e incluso social”.

“Por lo tanto, la permanencia de esos beneficios y, principalmente, su pago a costa de la Nación son actos perjudiciales al patrimonio público, pues es flagrante la inexistencia de los motivos”, puntualizó el juez.

Lula, encarcelado desde el pasado 7 de abril, fue condenado por corrupción a nueve años, pero esa pena fue ratificada y ampliada a 12 años por un tribunal de segunda instancia, que luego ordenó la ejecución de la pena, según la jurisprudencia en vigor en el país.

Las acusaciones se refieren a un apartamento que, de acuerdo con la Justicia, el expresidente recibió a modo de soborno de la vasta red de corrupción descubierta por la operación Lava Jato, que detectó multimillonarias irregularidades en la estatal Petrobras. Río de Janeiro, 17 may (EFE)