VIDEO: Avalado preacuerdo por corrupción en caso de los Juegos Nacionales en Tolima

Foto: Captura de video/Fiscalía

Minuto30.com-. La investigación de la Fiscalía permitió revelar las irregularidades presentadas en el contrato de diseños de los escenarios deportivos del Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, y que serían sede para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales.

Ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad se cumplió la audiencia de verificación de preacuerdo en contra de Leonardo B., James P. y Jorge P.D., quienes desempeñaron la función de asesores de la oficina de contratación y secretario de infraestructura respectivamente, durante la administración de Luis H. Rodríguez en la Alcaldía de Ibagué 2012-2015.

Los procesados pactaron un preacuerdo con una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, aceptando así los delitos de concusión, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Indicó la Fiscalía que según lo establecido en la investigación, «se direccionó el proceso precontractual y contractual de estudios y diseños del escenario deportivo, así como de la estructuración del proceso de selección del contratista consultor».

«De este modo terminaron incumpliendo los principios de igualdad, transparencia, planeación y economía que rigen la contratación estatal», añadió el ente acusador.

El próximo 29 de junio se realizará la audiencia de lectura del fallo condenatorio contra los procesados. La pena solicitada por la Fiscalía para Jorge P.D sería de 7 años de prisión, multa de $117 millones y 7 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Leonardo B. sería sentenciado a 4 años y 6 meses de cárcel, una multa de $30.726.247 y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 3 años y 10 meses.

Asimismo, se conoció la posible pena establecida en 4 años y 7 meses de prisión en contra de James P., que contemplaría además el pago de una multa de 41 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a unos 32 millones de pesos.

Con información de la Fiscalía General de la Nación