
Varios reos permanecen en la celda en un penal de máxima seguridad. Archivo. EFE/ Ulises Rodríguez
Una millonaria licitación que adelantaba el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para proveer el servicio de telefonía para reclusos en 137 cárceles del país fue revocada luego de una polémica nacional y un fallo judicial.
Resulta que la licitación no contemplaba bloqueo a la señal celular desde las cárceles, lugares desde los que se realizan gran parte de las extorsiones telefónicas.
Como lo reportó el diario El Tiempo, el Inpec omitió este elemento, ignorando una sentencia de la Corte Constitucional que lo obliga a habilitarlo.
La situación llegó hasta el Gobierno Nacional, que convocó a la Consejería de Seguridad para abordar el tema luego de que se conociera que los concesionarios privados que bloquean la señal apagarían su servicio.
El Inpec resolvió entonces convocar a una mesa de trabajo con otras entidades del Estado, para evaluar cómo se prestará telefonía e internet a los presos, para que estos se comuniquen con sus familiares.
Con este, además, se podría evitar los abusos y la corrupción que se promueve con el sistema de tarjetas prepagadas.
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