En firme fallo con responsabilidad fiscal por más de $2.000 millones contra exgobernadora de Casanare

El Contralor General, Edgardo Maya Villazón. Cortesía. CGR.

La Contraloría General de la República confirmó y dejo en firme un fallo con responsabilidad fiscal por un monto de $2.822 millones de pesos en contra de la exgobernadora de Casanare Martha Inés Gonfrier Sarmiento, la ex directora de la Oficina de Vivienda Departamental, Jenny Consuelo Barrera; y las firmas C.I. Desarrollo Territorial S.A. y Corporación de Proyectos G.P. Corporation.

Informó el ente de control que el fallo “se origina en la pérdida de recursos correspondientes a las regalías petroleras del Departamento de Casanare, destinados para subsidiar la construcción de 306 viviendas”. Estas pertenecían al Proyecto de Vivienda de Interés Social Torres de Santo Domingo, en el municipio de Yopal.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, confirmó el fallo que habpia sido proferido en primera instancia del 1 de septiembre de 2017 por parte de una Contraloría Delegada.

De acuerdo con la CGR, el fallo cobija la responsabilidad fiscal solidaria de la exgobernadora, la Directora de la Oficina de Vivienda y de las firmas mencionadas.

Hechos investigados y responsables

Los hechos investigados se relacionan directamente con la ejecución de un celebrado el 26 de noviembre de 2010 por la Gobernación de Casanare con la empresa C.I.DESARROLLO TERRITORIAL S.A. y la Junta de Vivienda Santo Domingo, por valor de $9.998 millones.

De ese dinero, $4.560 millones fueron transferidos por la Gobernación con el objeto de subsidiar la construcción de las viviendas de interés social.

En cumplimiento del convenio, el departamento giró los recursos y el 2 de noviembre de 2011 se autorizó con la firma, entre otras, de la Directora de la Oficina de Vivienda del departamento, Jenny Consuelo Barrera, la transferencia de $2.280 millones a nombre de la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, como anticipo del mencionado convenio.

Explicó la Contraloría que esos $2.280 millones no fueron invertidos por la Sociedad C.I Desarrollo Territorial, en el objeto contractual acordado, situación que no fue advertida por la interventoría.

El ente de control advirtió que “se perdieron los dineros entregados como anticipo, provenientes de las regalías petroleras y pertenecientes al erario”.