Abren proceso de responsabilidad fiscal por el “cartel de los enfermos mentales”

Edificio Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de más de $1.055 millones por el denominado “Cartel de los Enfermos Mentales”, en el departamento de Sucre.

Si es encontrado responsable fiscal, tendría que responder, con su propio patrimonio, Julio Cesar Guerra Tulena, Gobernador en el momento en que se dieron los hechos cuestionados. El exGobernador fue vinculado al proceso y, según lo ordenado por el organismo de control, deberá responder en versión libre.

El “Cartel de los Enfermos Mentales” se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP-, a favor de varias IPS. Estos pagos tuvieron como base documentación falsa, sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.

Pagos irregulares superaron los $5 mil millones

Las irregularidades habían sido detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoría efectuada a la Gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.

El total de los pagos irregulares superó los $5mil millones de pesos, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron.

En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.

Según informó la CGR, pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago, que después fueron suscritas y pagadas por el mismo gobernador.

Contratos inexistentes

La Contraloría General de la República había igualmente evidenciado en su momento la inexistencia de contratos entre la Gobernación de Sucre y las IPS, en los que se soportaran los millonarios pagos facturados.

Es decir, la Gobernación de Sucre efectuó los pagos sin que existiera un soporte contractual para llevar a cabo los mismos. Tampoco medió autorización del Ministerio de Salud para poder efectuar el pago a IPS privadas, ni existieron soportes que probaran la capacidad de las mismas para funcionar y prestar los supuestos servicios contratados.