Minuto30.com-. Según la Contraloría General de la República, en una reciente auditoría a Corpourabá encontró que entre el 2010 y 2016 se realizaron transferencias electrónicas de sus cuentas bancarias sin respaldo contable por $9.341 millones de pesos, “lo que originó que el ente de control ordenara una indagación preliminar que permita establecer los detalles de dichas transacciones y los montos exactos de las mismas”.
Explicó el organismo de control que el cálculo de dichas transferencias se obtuvo al cruzar las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF- del Ministerio de Hacienda.
Igualmente, “se identificaron nuevas transferencias irregulares efectuadas entre 2005 y 2012 que ascendieron a la suma de $530 millones, sobre las cuales no existen documentos que soporten la legalidad de las transacciones, pagos en los cuales figuran los funcionarios que desempeñaban los cargos de contador, tesorera, coordinadora de Presupuesto y secretaria de Tesorería”.
Egresos sin soporte
De acuerdo con la Contraloría, se evidenció que de acuerdo con los cruces de información efectuados entre los comprobantes de egreso y los registros de salida de la entidad financiera, “Corpourabá realizó pagos a diferentes terceros que no se encuentran asociados a un comprobante de egreso, ni cuentan con el debido soporte, ni registro dentro del aplicativo ERP SINAP, aplicativo que contiene los soportes de la contabilidad de la corporación”.
El resumen consolidado de las salidas sin soporte de las vigencias 2010 a 2015:
“Con base en estos resultados y como quiera que el grupo contable 11- Efectivo refleja el acumulado de las operaciones y transacciones dinámicas de una vigencia a otra, el saldo al 31 de diciembre de 2016 para este grupo genera una incertidumbre, que afecta la razonabilidad en cuanto al manejo del efectivo de la Corporación y un presunto daño al patrimonio de la Corporación por $9.341.294.035, que serán objeto de una Indagación Preliminar de conformidad con el Artículo 39 de la Ley 610 de 2000”, añadió la Contraloría.
Puntualizó el organismo controlador que estos hechos quedaron registrados en el informe como hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y penal.
De igual manera, la Contraloría pudo cuantificar un detrimento patrimonial de $530.023.611 por transferencias electrónicas de las vigencias 2005 a 2012, “sobre las cuales no existen documentos que soporten la legalidad de las transacciones, pagos en los cuales figuran los funcionarios que desempeñaban los cargos de contador, tesorera, coordinadora de Presupuesto y secretaria de Tesorería. Es de anotar que este hallazgo contiene nuevas transacciones diferentes a las detectadas en el proceso auditor de las vigencias 2014-2015”.
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