Autoridades presentan estrategia conjunta para el bloqueo definitivo de celulares robados

Con el objetivo de mitigar el impacto generado por el robo de teléfonos celulares y la incidencia de esta modalidad en el comportamiento de las muertes violentas, que en lo corrido de este año registran una disminución del 11 por ciento, equivalente a 671 homicidios menos respecto a 2010.

El Gobierno y la Policía Nacional, con el apoyo de las empresas operadoras de este servicio, alistan el plan piloto para la desactivación definitiva de equipos robados.

La medida, consignada en el decreto 1630 de 2011, el cual fue firmado por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado 19 de Mayo, entrará en vigencia a mediados del mes de Julio, y hará efectiva la restricción al uso de aquellos aparatos reportados como perdidos o hurtados en las diferentes bases de datos.

La plataforma tecnológica, que desde ahora es puesta a prueba por las entidades comprometidas en la aplicación de la norma, permitirá afectar los intereses de reducidores y comercializadores, quienes como protagonistas de la cadena delictiva alimentan el robo en sus modalidades de “jalonazo”, atraco a mano armada, “cosquilleo” y engaño o “dummiseo”.

Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional como responsable del análisis criminológico, establecen la actuación de una mafia trasnacional relacionada con este delito. El diagnóstico institucional señala a los “liberadores” (encargados de la apertura de bandas y la adulteración de los IMEI) y a los “tarjeteros” (quienes modifican el circuito electrónico de los teléfonos), como los enlaces del mercado negro de celulares en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Costa Rica, Honduras y Colombia.

El incremento notable en la venta y uso de teléfonos celulares por parte de los ciudadanos, que en tan sólo 16 años pasó de cero a nueve equipos por cada diez colombianos, con un total estimado de 44 millones 725 mil aparatos habilitados a la fecha, hizo del hurto de estos elementos el fenómeno más recurrente en los delitos que impactan la seguridad ciudadana.

Es por eso que la Policía, a través del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ha intensificado la lucha contra este ilícito, esfuerzo que durante este año ha permitido la incautación de 31.086 celulares, 7.242 de los cuales corresponden a teléfonos plenamente recuperados, así como la captura de 4.037 personas, 815 de ellas menores de edad.

Como resultado de los operativos, que han significado la realización de 150 diligencias de allanamiento, además de los planes de vigilancia en espacio público, han sido incautadas 2.046 armas de fuego y 81.549 armas cortopunzantes, utilizadas para intimidar a los usuarios de telefonía celular.

El resultado más representativo se alcanzó el pasado 10 de Mayo con la Operación “Cuadrante”, en la que fueron incautados más de 18 mil equipos de comunicación, 170 computadores y 42 paquetes de programación o software, empleados en la modificación estructural de teléfonos, labor que en algunos casos se efectuaba desde sofisticados laboratorios acondicionados por los reducidores en las principales ciudades del país.