Inhabilitada juez para dar clases en universidad chocoana por investigación sobre casos de corrupción

Foto tomada de archivo para ilustrar esta noticia.

La juez Segunda Penal Municipal de Garantías de Quibdó (Chocó) Elizabeth Quejada Mayo fue inhabilitada para dictar clases en la Universidad Tecnológica del Chocó luego de que el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Pereira decidiera imponerle medida de aseguramiento no privativa de la libertad dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la presunta falsificación de títulos profesionales.

La juez habría cometido nueve delitos de falsedad, fraude procesal y ocultamiento, alteración o desviación de elemento material probatorio. Hechos por los que le prohibió acudir a la Universidad Tecnológica de Chocó y contactar a los testigos y demás implicados en el proceso, con el objetivo de evitar posibles obstrucciones a la justicia.

Según la investigación, Quejada Mayo, en su calidad de docente, habría firmado cinco actas de sustentación de trabajos de grado inexistentes; sobre los cuales Quejada Mayo explicó que tres de ellos los firmó porque la decana le pidió el favor y que las otras dos las firmó en su lugar de residencia.

En la misma decisión, el juzgado impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad a seis abogados por cargos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y cohecho por dar u ofrecer. Se ordenó la suspensión de sus tarjetas profesionales ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y no podrán acercarse a cualquier despacho judicial o administrativo.

Por los mismos cargos el juzgado ordenó la libertad de cuatro estudiantes al no hallar elementos para vincularlos al proceso.

En el caso del profesor Yarbin Seider Conto, hoy defensor público, el juzgado no impuso medida de aseguramiento, aunque seguirá vinculado en la investigación.

Dentro de la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalía Seccional de Chocó por la falsificación de más de un centenar de títulos profesionales de abogados en hechos ocurridos entre 2014 y 2015, han sido imputadas 21 personas, entre ellas la entonces decana Irina Belén Londoño Asprilla, quien aceptó los cargos.