Fiscalía imputará cargos contra los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta

Foto de referencia. EFE/Archivo

Minuto30.com-. Un certero golpe dio la Fiscalía contra la corrupción en el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria en el Meta.

Esta investigación, denominada ‘Operación Caballistas’, dio como resultado la imputación de cargos contra los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta y se legalizó la expedición de 24 órdenes de captura contra seis jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados particulares y otros.

Explicó la Fiscalía que las decisiones hacen parte de una investigación contra una empresa criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquía desde el 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca, y que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía.

En audiencia de imputación, programada para el 10 de julio próximo, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

Estos funcionarios, junto con las otras 24 personas deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Días atrás la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura sellaron una alianza en orden a preservar la integridad de la justicia frente a los riesgos de la corrupción.

Al anunciar estas decisiones, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.

Con información de la Fiscalía General de la Nación