
Policías custodian la sede principal de atención al público de Electricaribe en Barranquilla. EFE/Archivo
La multinacional energética española Gas Natural Fenosa conocerá este martes la decisión del Gobierno sobre el futuro de su filial Electricaribe, que está intervenida por el Estado desde mediados de noviembre.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que los contactos entre las partes se intensificaron en las últimas horas y precisaron que hoy acaba el plazo para intentar llegar a un acuerdo.
También que el Gobierno dará a conocer su decisión sobre Electricaribe a primera hora de hoy (durante la tarde en España).
La expropiación de la compañía, la devolución con condiciones a Gas Natural Fenosa o bien el hipotético traspaso a otro grupo empresarial son algunas de las opciones que están sobre la mesa.
Gas Natural Fenosa ha sido partidaria de una solución dialogada con Colombia, pero también ha reclamado resolver los problemas de fraude e impago de la compañía, que opera en el Caribe colombiano, donde proporciona luz a 2,5 millones de clientes.
No obstante, la multinacional española también contempla la opción de solicitar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por las desavenencias con el Gobierno respecto a su filial Electricaribe.
El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, aseguró a principios de febrero que el valor razonable que se ha asignado a la compañía es de 475 millones de euros (505 millones de dólares), pero dejó claro que el valor real de la compañía es “mucho más”.
A principios de noviembre pasado, Gas Natural dio a conocer que Electricaribe acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros, si bien la multinacional precisó que tenía provisionado el 83 % de este importe.
Días después, el Gobierno anunció la intervención de la distribuidora de energía con el fin de “reorganizar” la empresa y garantizar el suministro de electricidad allí donde opera.
El grupo español posee el 85 % de Electricaribe desde 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno. EFE
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