La Corte Suprema de Justicia le ordenó al INCODER devolver a sus verdaderos dueños 36 predios ubicados en el municipio de Chibolo, Magdalena, los cuales estaban en manos de testaferros del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40».

Un fiscal de Justicia y Paz denunció el hecho presentando las pruebas que demostraban irregularidades en la adjudicación, pero ni el INCODER, ni el fiscal que investigaba el desplazamiento forzado de los campesinos, adoptaron medidas al respecto
La Corte Suprema analizó los hechos y advirtió que resulta inadmisible que servidores públicos obstruyan el cumplimiento de los fines del Estado, más cuando se trata de personas que han sido víctimas de la violencia.
“Tales acciones posiblemente tuvieron la complacencia de funcionarios del INCODER, quienes permitieron la legalización de los predios y pudieron hacer parte de la maquinaria delincuencial consolidada alrededor del proyecto paramilitar”, afirma la sentencia.
La Sala Penal le da 30 días al INCODER para revocar los títulos a las personas que ilícitamente los obtuvieron, y debe iniciar el proceso de restitución a sus verdaderos dueños.
Además, también ordena investigar a los funcionarios del INCODER que puedan estar implicados en los hechos, así como también al fiscal 22 de Antiterrorismo por no impulsar las averiguaciones del caso.
Con información de CM&.com.co
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