La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, ha expresado la urgencia de esclarecer los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2010 en el municipio de Patillal (Cesar), durante un concierto público que daba el cantante Silvestre Dangond, durante el cual besó en la frente y tocó sorpresivamente los genitales de un menor de edad de 14 años, toda vez que comprometen seriamente su dignidad e integridad moral.

«Si bien al ente investigativo no le está vedada la aplicación del principio In dubio Pro Reo, lo cierto es que la Honorable Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha expresado que a éste se puede apelar como última instancia, debiéndose por lo tanto adelantar una investigación exhaustiva y seria, de modo que en el supuesto de que el funcionario instructor tuviera dudas sobre la ocurrencia del hecho o el grado de responsabilidad del autor no deben ser resueltas, ab initio en beneficio de éstos» puntualizó la Procuradora Delegada en comunicación dirigida a la Fiscal General de la Nación.
De igual modo requirió que, al tiempo que se adelanten las averiguaciones penales respectivas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emprenda las acciones para la garantía y la restitución de los derechos del niño, lo cual implica imponer las medidas de protección que eventualmente se necesiten, de constatarse que el niño se encuentra en situación de riesgo. «La protección integral de los derechos del niño afectado hace parte de los deberes positivos de garantía que tiene que cumplir el funcionario público y no puede limitarse a la investigación sobre la ocurrencia de los hechos y el eventual establecimiento de responsabilidades» agregó la Procuradora Delegada.
Por último emite un mensaje de urgencia a los medios de comunicación por cuanto las imágenes del concierto han sido difundidas con el rostro del niño afectado y no se ha reservado su identidad y por lo tanto no se ha protegido su integridad personal, como debe hacerse por tratarse de un menor de edad. También llamó la atención respecto de las obligaciones legales que tienen las familias de no exponer a sus hijos e hijas a situaciones de riesgo en las cuales pudiera verse afectada su libertad, integridad y formación sexuales, así como a situaciones claramente discriminatorias.
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