Veintidós activistas muertos desde llegada al poder de Santos, denuncian ONGs ante la CIDH

Al menos 22 activistas, un periodista y un juez fueron asesinados en los primeros 75 días del gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, denunciaron este jueves varias ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A pesar de manifestaciones de buena voluntad, la situación bajo Santos es “preocupante” y se evidencia una “continuidad” con el gobierno anterior de Alvaro Uribe en violaciones de derechos humanos, afirmó María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH).

“No bastan las afirmaciones metafóricas y las promesas, como tampoco un simple cambio de tono en que se dialoga” por parte del gobierno de Santos, en el poder desde el 7 de agosto, si no hay cambios reales en el terreno, afirmó Fallon durante una audiencia en la CIDH.

En la audiencia, las organizaciones presentaron un informe de los primeros 75 días del gobierno del mandatario, elaborado por la Plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a casi 200 ONGs.

El informe denuncia los asesinatos en menos de tres meses de siete líderes indígenas, seis activistas de derechos humanos, cinco sindicalistas, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y un periodista.

El reporte, titulado “Los primeros 75 días: las palabras y los hechos”, también da cuenta de hostigamiento y amenazas a decenas de activistas y a ONGs. “Los hechos siguen demostrando que la crisis humanitaria en el país sigue vigente”, afirmó el texto.

Uno de las situaciones más graves del actual gobierno de Santos es que “dejó intactas las estructuras políticas y económicas que han sustentado el paramilitarismo en Colombia, con fuerte presencia en el Congreso”, dijo Fallon.

Las ONGs afirmaron que luego de cinco años del proceso iniciado en 2005 por Uribe para la desmovilización de los grupos de autodefensas, menos de 2% de los paramilitares se sometieron a la justicia y sólo hubo dos sentencias, una de las cuales fue declarada nula y la otra está en proceso de apelación.

Representantes del gobierno colombiano en la audiencia reconocieron problemas en materia de derechos humanos, pero resaltaron también la reducción de los índices de violencia durante ocho años de gobierno de Uribe y el compromiso de Santos de seguir avanzando.

“Que no se trate de tapar el sol con las manos. Los avances son insuficientes pero importantes”, dijo el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Hoyos.

WASHINGTON, 28 octubre 2010 (AFP)