La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dispuso terminar el proceso disciplinario y archivar definitivamente las diligencias que por presunta participación en política se adelantaban en contra del Gobernador del departamento de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

En los cabildos realizados en los municipios de Angelópolis, La Estrella, Necoclí, Marinilla y Entrerrios hubo una nutrida asistencia no solamente de senadores, representantes y diputados con aspiraciones a elección o reelección en cargos de elección popular, sino de ex senadores, ex representantes y ex diputados. Sobre el particular este órgano de control consideró que si bien es cierto hubo presencia de personas con aspiraciones a elección o reelección, también lo es que el gobernador Ramos Botero fue muy cuidadoso de no dejarlos intervenir ni darles el uso de la palabra en vigencia de la Ley de Garantías.
No obstante que los miembros de las corporaciones públicas no tienen ninguna limitación en su actividad política en vigencia de la Ley de Garantías por expresa disposición de su artículo 41, las prohibiciones allí señaladas sí son de obligatorio acatamiento por parte de los gobernadores y alcaldes municipales.
Considera la Procuraduría Delegada que tampoco incurrió el Gobernador del departamento de Antioquia en la prohibición referente a la inauguración de obras públicas o dar inicio a programas de carácter social durante los cabildos municipales celebrados entre el 20 de noviembre de 2009 al 5 de marzo de 2010, ni celebró convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
Por las anteriores razones, la Procuraduría encontró que los hechos denunciados en los medios de comunicación, según los cuales el Gobernador de Antioquia habría utilizando los cabildos municipales para favorecer las campañas de los aspirantes al Congreso de la Republica Liliana Rendón y Gabriel Zapata, y que originaron la mencionada investigación disciplinaria, no están llamados a prosperar al haberse demostrado que tales hechos no existieron y que el implicado tampoco cometió ninguna falta disciplinaria.
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