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¿Y Juan Manuel Santos?

Por: Bernardo Henao Jaramillo

¿Y Juan Manuel Santos?
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¿Y Juan Manuel Santos?

Resumen: El columnista pide que el escrutinio de la JEP por los falsos positivos incluya el papel de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa.

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Hace tres días la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dio a conocer que había identificado a diez generales en retiro como máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales y dentro de ellos enumeran los generales que, hasta la fecha, no han aceptado responsabilidades. Se menciona al gobierno de Álvaro Uribe, se identifican los mandos militares y se destaca que 2007 fue el año con mayor número de casos. Llama la atención la manera como se presenta la noticia, pues, se omite indicar quién era por entonces el Ministro de Defensa.

Antes de cualquier valoración política, debe recalcarse la presunción de inocencia de los oficiales. Según la noticia, Mario Montoya, Óscar González Peña y Luis Roberto Pico Hernández no han aceptado las responsabilidades atribuidas y sus casos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación. Tienen derecho a controvertir las pruebas, ejercer su defensa y exigir que cualquier responsabilidad sea demostrada individualmente. La propia normativa de la JEP presume su inocencia.

La negativa a reconocer responsabilidad no puede convertirse en una prueba de culpabilidad. Aportar verdad tampoco implica estar obligado a aceptar una acusación. Una jurisdicción que exige confianza pública debe cuidar especialmente que sus anuncios permitan distinguir entre un señalamiento y una condena, y que la contundencia de sus titulares respete las garantías de quienes enfrentan el proceso.

También corresponde examinar críticamente a la propia JEP. Su origen está en el acuerdo negociado entre el gobierno de Santos y las Farc, y su estructura fue incorporada a la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2017. Las condiciones de justicia y las sanciones surgieron, por tanto, de una negociación política con una organización cuyos dirigentes debían responder por crímenes gravísimos. Esa génesis obliga a exigir resultados verificables, independientes y que correspondan a una rendición de cuentas rigurosa.

¿Qué tan libre es la decisión de atribuir responsabilidad cuando están en juego hasta veinte años de cárcel? La pregunta surge del propio nacimiento y diseño de la JEP. Para quien tuvo una participación determinante en hechos muy graves, el reconocimiento temprano y pleno de verdad y responsabilidad da lugar a una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad, con obligaciones de reparación. Si mantiene su inocencia y el tribunal lo condena, se expone a entre quince y veinte años de prisión.

Lo discutible de esa norma es la presión que ejerce incluso sobre quien se considera inocente. Al decidir si controvierte la acusación, el compareciente debe calcular cuánto le puede costar que el tribunal se equivoque. Entre el máximo previsto para quien reconoce responsabilidad y el máximo que enfrenta quien decide ir a juicio hay doce años de diferencia. Esa distancia obliga a preguntar cuánto pesa, en la decisión de reconocer unos hechos, el temor a pasar dos décadas en prisión.

En el caso de los generales que han rechazado los cargos, la presunción de inocencia cobra especial importancia. Tienen derecho a exigir que la acusación pruebe qué hizo cada uno y qué responsabilidad le cabe.

El tratamiento a los máximos responsables de las Farc merece ese escrutinio. En septiembre de 2025, en la primera sentencia contra siete integrantes de su antiguo Secretariado, se les impusieron ocho años de sanción propia por secuestros y otros crímenes relacionados con el cautiverio. Su cumplimiento fue dispuesto mediante proyectos restaurativos y restricciones de derechos y libertades. Frente a la magnitud del sufrimiento causado, es legítimo cuestionar la proporcionalidad de ese modelo y exigir que se conozca cómo se ejecutan las sanciones, quién controla su cumplimiento y qué reparación reciben efectivamente las víctimas.

En la Sentencia C-080 de 2018, la Corte Constitucional validó que las sanciones propias no equivalgan a cárcel tradicional, siempre que existan mecanismos estrictos de monitoreo y verificación para que la restricción de libertad sea real y no haya impunidad.

La JEP debe responder por la distancia entre sus promesas y sus resultados. Las familias de los secuestrados, asesinados y desaparecidos tienen derecho a evaluar cuánto han recibido en verdad, justicia y reparación. La solemnidad de una audiencia o la publicación de una sentencia requieren un cumplimiento comprobable que permita medir sus efectos.

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Resulta, entonces, pertinente volver la vista sobre el Ministerio de Defensa de la época, así como sobre quien luego encabezó el gobierno que negoció el acuerdo del cual surgió esta jurisdicción. Ambas circunstancias hacen indispensable el escrutinio de su actuación pública.

Si bien se recuerda, Juan Manuel Santos asumió el Ministerio de Defensa en julio de 2006 y estuvo al frente de la cartera durante 2007. Cualquier examen serio de la conducción política de la Fuerza Pública en ese período debe incluir sus decisiones, la información que recibió y la respuesta que dio a las denuncias.

Hasta donde se conoce, el propio Santos dejó un punto de partida concreto. Ante la Comisión de la Verdad explicó que durante sus primeros meses como ministro escuchó versiones sobre ejecuciones a las que inicialmente no dio credibilidad. También señaló que en enero de 2007 comenzó a considerar las denuncias provenientes de fuentes creíbles. Esa declaración merece un examen detallado, especialmente cuando se la relaciona con la gravedad de lo ocurrido durante ese año.

¿Qué información llegó a su despacho? ¿Cuáles fueron las advertencias de los organismos de control y de quienes denunciaban estos crímenes? ¿Qué instrucciones impartió a los comandantes? ¿Cómo comprobó que se cumplieran? ¿Qué le informó al presidente de la República y en qué momento? Las respuestas deberían permitir reconstruir la actuación del ministro mediante documentos, decisiones y fechas.

Si detrás del tratamiento político de estos señalamientos existe el propósito de llegar hasta el expresidente Uribe, primero debe esclarecerse la situación de quien dirigía su Ministerio de Defensa. Saltar de los generales al presidente, dejando al ministro fuera del análisis, produce un inexplicable vacío, una explicación incompleta de cómo funcionaba el Gobierno y de cómo circulaba la información sobre las denuncias.

La exigencia de verdad debe abarcar a Santos con el mismo rigor que se reclama para los demás, mientras los oficiales que controvierten las acusaciones conservan plenamente sus garantías procesales.

La expresión «gobierno Uribe» identifica una administración, pero resulta insuficiente para revelar las actuaciones concretas de quienes la integraban. Dentro de ese gobierno había responsabilidades, competencias y decisiones que deben examinarse individualmente. Santos tenía un cargo cuya importancia exige que su gestión sea sometida al mismo escrutinio público que se reclama para los demás protagonistas.

Las víctimas y el país merecen una reconstrucción completa. Esclarecer lo que hizo Juan Manuel Santos, lo que supo y lo que comunicó a la Presidencia es parte de esa tarea. Su actuación como ministro debe ocupar un lugar explícito en el debate sobre las responsabilidades políticas de aquellos años. ¿Por qué ignorarlo?

Bogotá, D.C. noviembre 21 de 2026

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Redacción Minuto30

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