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Miguel Quintero se queda en Cómbita: le tumbaron otra tutela que pedía llevarlo a Itagüí

La tutela de Miguel Quintero la presentó una veedora sin legitimación para actuar; el caso encendió las alertas en el Concejo de Medellín.

Publicado por: Melissa Noreña

Miguel Quintero escoltado por policías durante su traslado a la cárcel de Cómbita
Foto: Policía Nacional
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Miguel Quintero se queda en Cómbita: le tumbaron otra tutela que pedía llevarlo a Itagüí

Resumen: Un juzgado administrativo de Medellín negó el amparo que buscaba el traslado del hermano del exalcalde Daniel Quintero a un centro penitenciario del Valle de Aburrá. La acción fue interpuesta por una veedora cuya existencia no se logra verificar.

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Puntos clave
  • El Juzgado 24 Administrativo Oral de Medellín negó por improcedente la tutela que pedía trasladar a Miguel Quintero de Cómbita a la cárcel La Paz de Itagüí.
  • La acción fue interpuesta por una veedora ciudadana que, según el despacho, no tenía legitimación para actuar en nombre del procesado.
  • El presidente del Concejo de Medellín cuestionó la jugada: aseguró que ni el abogado de Quintero conocía esa tutela.
  • Es el segundo intento fallido por cambiarlo de cárcel; antes, la Gobernación de Antioquia le negó un cupo en Yarumito.
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Miguel Quintero se queda, al menos por ahora, en la cárcel El Barne de Cómbita, en Boyacá. El Juzgado 24 Administrativo Oral de Medellín negó por improcedente una acción de tutela que pretendía su traslado al centro penitenciario La Paz de Itagüí, un establecimiento que cuenta con un pabellón especial para servidores y exservidores públicos.

La decisión, adoptada el 18 de noviembre mediante la Sentencia 300, se conoció en las últimas horas y representa un nuevo revés judicial para el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien espera el inicio del juicio en su contra por presunta corrupción.

La tutela no la presentó ni él ni su defensa, sino una mujer llamada Cecilia, quien dijo actuar en nombre de la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos y como agente oficiosa del procesado. El despacho judicial determinó que no tenía legitimación en la causa por activa, es decir, que no estaba facultada para interponer esa acción en nombre de Miguel Quintero.

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La tutela que ni el abogado conocía

En la acción se argumentó que Quintero Calle fue concejal de Medellín entre 2012 y 2015 y que, por esa condición, debía ser recluido en un establecimiento con condiciones especiales. La tutela invocaba derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad personal y el debido proceso.

El caso encendió las alertas en el Concejo de Medellín. Su presidente, Alejandro De Bedout, cuestionó en declaraciones a BLU Radio que, al parecer, ni siquiera el abogado del procesado tenía conocimiento de la acción.

«El juez les negó la tutela por improcedente. La veedora no tenía legitimación para actuar por él. Y aquí lo sospechoso es que ni su propio abogado sabía de esa jugada. ¿Quién le habría ordenado a esta veeduría que les hiciera ese mandado? ¿O qué favor estaría pagando esa veedora a los hermanos Quintero? No, señores, aquí no hay privilegios para nadie», indicó el corporado, quien concluyó: «Que la justicia siga su curso y Miguel Quintero, bien lejos de Medellín: en Cómbita se queda».

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Un medio local intentó verificar la existencia de la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos y no encontró registros de la organización: no tiene página web, teléfono de contacto ni historial conocido en Medellín o municipios cercanos.

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El proceso que mantiene a Quintero tras las rejas

El 30 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín revocó la detención domiciliaria que cumplía Miguel Quintero y ordenó su reclusión en un establecimiento penitenciario. Ese mismo día fue trasladado a Cómbita, una de las cárceles de máxima seguridad del país.

El hermano del exalcalde es investigado por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021. La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, con un posible detrimento patrimonial que superaría los $2.481 millones. Quintero no ha sido condenado y el proceso penal continúa en curso.

Desde que llegó a Boyacá, su defensa, liderada por el abogado Felipe Alzate, ha intentado por varias vías acercarlo a Antioquia. Pidió un cupo en la cárcel de Yarumito, en Itagüí, pero la Gobernación de Antioquia emitió concepto desfavorable al considerar que ese establecimiento de seguridad mínima no cumple las condiciones requeridas para su perfil de riesgo. A inicios de este mes también interpuso otra tutela contra el INPEC, el Ministerio de Justicia y la Presidencia para cuestionar el traslado a Cómbita.

Cabe aclarar que el fallo del 18 de noviembre no es un pronunciamiento de fondo sobre si Miguel Quintero debe permanecer en Cómbita o ser trasladado: solo resolvió que quien presentó la acción no estaba legitimada. Si la decisión no es impugnada, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Mientras tanto, Miguel Quintero permanece recluido en El Barne. Su defensa denunció hace algunos días que habría recibido llamadas extorsivas dentro del penal, una situación que también fue puesta en conocimiento de las autoridades.


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