🤖 Nuestra IA te resume el artículo.
Resumen: La liquidación del Ministerio de Igualdad avanza con 46 contratos y una firma que concentra casi la mitad del gasto. Mientras se conocen honorarios que superan el sueldo de un ministro y multas millonarias por confidencialidad, cientos de empleados y varios programas sociales esperan definición.
Puntos clave
- Entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre, el Ministerio de Igualdad firmó 46 contratos por $5.735 millones para su liquidación.
- Grupo Epyca S.A.S. concentra el 43,4 % de ese gasto, con un contrato de $2.490 millones, el mayor de su historia.
- Dos perfiles de la asesoría cuestan más de $40 millones mensuales, por encima del sueldo de un ministro.
- La cláusula de confidencialidad impone multas de hasta $500 millones; una parte podría llegar al liquidador a título personal.
- El futuro del Sistema Salvia, la Línea 155 y otros programas sociales aún no tiene entidad definida.
El Gobierno contrató una asesoría externa por $2.490 millones para adelantar la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la cartera creada durante el gobierno de Gustavo Petro que la Corte Constitucional ordenó extinguir por vicios en el trámite de su creación.
Según documentos del proceso, entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre la entidad suscribió 46 contratos vinculados a su cierre por $5.735 millones. De ese gasto, el 43,4 % se concentra en una sola firma: Grupo Epyca S.A.S.
El Ministerio de Igualdad fue creado con la Ley 2281 de 2023 y tuvo a la exvicepresidenta Francia Márquez como su primera dirigente. Tras la decisión de la Corte, el Decreto 626 de 2026 ordenó su liquidación y el presidente Abelardo De la Espriella, quien había calificado de «absurda» la existencia de la cartera, designó a John Milton Rodríguez como liquidador mediante el Decreto 1219 de 2026.
Rodríguez, pastor evangélico, exsenador y excandidato presidencial, suprimió cuatro viceministerios al inicio de su gestión y ha asegurado que el proceso le permitirá recuperar cerca de $200.000 millones para el Estado. En su más reciente balance ante el Congreso reportó 467 cargos suprimidos, equivalentes al 63 % de la planta, y una reducción de 24 a 11 programas sociales.
Lea también: De la Espriella fija su posición frente a las marchas del 19 de noviembre
El contrato que puso a Grupo Epyca en la mira
De acuerdo con los documentos conocidos por la revista Cambio, el primer acuerdo con Grupo Epyca se firmó el 21 de septiembre por $1.660 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre y un equipo inicial de 13 profesionales encargados de la asesoría jurídica en talento humano, situaciones administrativas y supresión de cargos.
Menos de un mes después, el 20 de octubre, se solicitó una adición de $830 millones para vincular a otros 11 profesionales durante 2,3 meses, con labores de defensa judicial, gestión disciplinaria y acompañamiento jurídico de las áreas involucradas en el cierre.
Rodríguez justificó el incremento por las disputas surgidas tras la eliminación de empleos: «La ejecución del programa de supresión de empleos y el consecuente retiro del servicio han provocado un incremento sustancial y extemporáneo de controversias, reclamaciones y litigios promovidos por exservidores públicos».
La firma, registrada desde 2009 y conocida anteriormente como Pedro Alfonso Hernández Abogados Consultores S.A.S., acumula 93 contratos en Secop desde 2016 con entidades como la Fiscalía, la Contraloría y la rama judicial. El vínculo para la liquidación es el de mayor valor en su historia: supera en cerca de 75 % su anterior contrato más alto, de $1.424 millones con la rama judicial en 2025, y excede los $2.245 millones que reportó como ingresos en el RUES ese mismo año.
Honorarios que superan el sueldo de un ministro
Los dos perfiles más costosos de la asesoría son el director general de Gestión y Administración del Talento Humano, con $44,8 millones mensuales, y el director general de Apoyo Transversal al Proceso Liquidatorio, con $40 millones al mes. Les siguen el director técnico de Talento Humano y el líder de relacionamiento institucional, con $32 millones mensuales cada uno, y el coordinador de comunicaciones, con $28,8 millones.
Las cifras incluyen una dedicación del 100 % y un factor multiplicador de 1,4 por las cargas prestacionales del personal. En total, los 13 integrantes del equipo contratado a través de Grupo Epyca suman costos mensuales de $309,4 millones.
De acuerdo con el Decreto 312 de 2026, un ministro recibe $30,7 millones mensuales, incluidos los gastos de representación y la prima de dirección. Los dos cargos directivos más caros de la asesoría superan en más de 30 % esa remuneración, aunque los asesores no hacen parte de la planta del Ministerio de Igualdad ni están sometidos a la escala salarial del servicio público.
Lea también: Cierre de la vía a Buriticá por derrumbe: así quedó el paso en el suroeste antioqueño
Multas millonarias y programas sin destino definido
Otro punto que llama la atención de los documentos es la declaración de confidencialidad que deben firmar las personas vinculadas a la liquidación, que contempla sanciones de hasta $500 millones por divulgar o usar indebidamente información reservada. Si la infracción compromete datos personales del liquidador, la suma se entregaría a Rodríguez «a título personal».
La representante a la Cámara de la Alianza Verde Catherine Juvinao cuestionó esa disposición y anunció acciones ante los organismos de control: «Esto para mí es coacción y es constreñimiento. Voy a exponerlo ante los entes de control».
Mientras tanto, cerca de 580 empleados podrían verse afectados por el cierre y el sindicato de la entidad ha dicho que no tiene claridad sobre su futuro laboral. Tampoco hay una definición sobre qué entidad operará el Sistema Salvia y la Línea 155, los mecanismos de prevención y atención de violencias basadas en género; en una mesa técnica se propuso trasladar Salvia al Ministerio del Interior, pero la medida requiere un acto administrativo.
El plan contempla que Prosperidad Social reciba los programas Mujeres Amancay y Autonomía Económica de las Mujeres, mientras el Ministerio del Interior asumiría el Abordaje Integral de las Violencias contra las Mujeres y las Casas para la Dignidad. Para sostener la operación, los contratos con la Cruz Roja y los servicios de desarrollo tecnológico fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre.
Además, un proyecto de decreto le daría a Rodríguez facultades sobre Fonigualdad, el principal instrumento financiero de la cartera, para ordenar el cierre del fondo, eliminar empleos de la planta y suprimir sus órganos de dirección y administración. La liquidación del Ministerio de Igualdad tiene un plazo inicial de un año, que vence el 19 de junio de 2027.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios
Sigue a Minuto30 en Google
Google DiscoverHistorias elegidas para ti Seguir Google NewsNuestra portada en tu Google Seguir



