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Resumen: Una revisión interna abrió interrogantes sobre el trámite de vacantes en Prosperidad Social al cierre del gobierno anterior.
Puntos clave
- El DPS divulgó hallazgos de una auditoría sobre 23 nombramientos provisionales realizados entre el 4 y el 6 de agosto de 2026.
- Según la entidad, 14 personas se posesionaron cuatro días antes de la publicación de las resoluciones.
- La revisión reportó posibles fallas en la cadena técnica y en el procedimiento para proteger el derecho de encargo.
- Control Interno anunció que remitirá el informe a la Contraloría y la Procuraduría para que evalúen las actuaciones procedentes.
- Los hallazgos no equivalen a una sanción ni establecen por sí solos responsabilidades individuales.
Una auditoría interna del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) puso bajo revisión el trámite de 23 nombramientos provisionales efectuados al cierre del gobierno de Gustavo Petro. El examen identificó presuntas fallas en la publicación de las resoluciones y en los controles previos a las posesiones, con posibles efectos sobre los derechos de servidores de carrera.
Los hallazgos fueron divulgados por Prosperidad Social en un comunicado fechado el 17 de noviembre. La revisión especial AE-01-2026 se concentró en las vinculaciones realizadas entre el 4 y el 6 de agosto de 2026, antes del cambio de gobierno.
El caso no corresponde a una sanción contra los funcionarios mencionados. Se trata de conclusiones de control interno que serán remitidas a los organismos competentes para que evalúen las actuaciones que puedan proceder.
Prosperidad Social: resoluciones publicadas después de las posesiones
Según la información presentada por la entidad, ninguna de las resoluciones fue publicada antes de la posesión. La auditoría señala que 14 de las 23 personas designadas asumieron el empleo el 6 de agosto, cuatro días antes de que los actos administrativos fueran públicos.
Para el DPS, esa secuencia pudo impedir que los empleados de carrera conocieran oportunamente las vacantes y reclamaran su derecho preferencial. El reparo está relacionado con el procedimiento de provisión de los cargos y con la oportunidad de ejercer ese derecho antes de que se concretaran las posesiones.
La revisión fue solicitada por la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, después de recibir 34 quejas de servidores y del Sindicato de Empleados del Sector Social, Siessocial. Las inconformidades cuestionaban cómo se habían ocupado los empleos de planta.
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Las alertas sobre los controles internos
Otro apartado del examen sostiene que el entonces director, Mauricio Rodríguez Amaya, suscribió diez resoluciones sin que se completara la cadena de elaboración y revisión técnica. De acuerdo con los registros citados por la entidad, los documentos firmados fueron remitidos por correo electrónico el 6 de agosto para continuar su trámite.
La auditoría también reportó ocho nombramientos expedidos sin completar el procedimiento destinado a resguardar el derecho de encargo. El equipo de provisión tuvo que reconstruir posteriormente a cuáles cargos correspondían esas vinculaciones, ante las dificultades para obtener la información del despacho de la dirección, según el comunicado.
Estas cifras describen distintos hallazgos dentro del mismo examen. No deben sumarse como si fueran grupos adicionales a los 23 nombramientos revisados, pues la información divulgada no establece que cada observación corresponda a personas diferentes.
La entidad agregó que seis de los nombrados habrían hecho parte del despacho del exdirector: dos secretarias y cuatro asesores. Según su reporte, pasaron a empleos en la Secretaría General, Contratación, Talento Humano y las direcciones de Transferencias Monetarias, Acompañamiento Familiar y Soberanía Alimentaria.
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El informe irá a los organismos de control
Control Interno advirtió sobre posibles reclamaciones de servidores de carrera y el riesgo de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. Son riesgos señalados por la auditoría, no decisiones judiciales adoptadas sobre los nombramientos.
El DPS anunció que cursará copia del informe a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación. El propósito es que, dentro de sus competencias, determinen si corresponde adelantar actuaciones por los hechos descritos.
Suárez sostuvo que se ha garantizado el debido proceso y pidió que se investigue para establecer responsabilidades. El comunicado revisado no incluye una respuesta del exdirector a estos hallazgos ni informa de una sanción derivada de esta auditoría.
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