¡Tienen la tierra, pero no pueden entrar! 67 familias desplazadas denuncian ocupantes en Venecia

Sesenta y siete familias campesinas, víctimas del conflicto armado y desplazadas desde la región de Urabá, aseguran que llevan meses esperando poder entrar a una tierra que ya es suya en los papeles. Se trata del predio La Antigua, en el municipio de Venecia, Suroeste de Antioquia, que les fue adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pero que, según denuncian, sigue en manos de otras personas.

La situación fue expuesta por la Fundación Forjando Futuros, que acompaña a las familias, y por la Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto, a la que pertenecen los beneficiarios. Su reclamo es directo: la entrega se hizo, pero el terreno nunca quedó desocupado.

La historia del predio La Antigua

El inmueble perteneció a Bernardo Alberto Sánchez Noreña, capturado en 1999 durante la llamada Operación Milenio y condenado más tarde por narcotráfico, además de extraditado. Con el paso del tiempo, el terreno pasó a manos del Estado y fue destinado a la reparación de víctimas.

El pasado 31 de julio, la ANT adjudicó el predio a integrantes de la asociación campesina como parte de las medidas de reparación para esta población. Según la fundación, las familias recibieron 2,4 hectáreas. La entrega, sin embargo, fue de carácter provisional, un detalle que los beneficiarios resaltan al explicar por qué no han podido avanzar.

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Ocupantes que no se van

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, personas presuntamente relacionadas con los antiguos propietarios continúan dentro del predio. Esa presencia ha impedido que más de 130 beneficiarios puedan empezar a sembrar y a desarrollar sus actividades agrícolas, que era justamente el propósito de la adjudicación.

Desde que recibieron la tierra, cuentan los voceros, las familias han pedido acompañamiento institucional a la ANT en Medellín. Han hecho solicitudes formales e incluso plantones frente a la entidad, pero aseguran que hasta ahora no han recibido una solución definitiva.

Gerardo Vega, abogado de la fundación, fue claro sobre lo que esperan de la agencia: que actúe con las facultades de policía que tiene para dejar el predio completamente libre. “Debe proceder con actuación policial y las facultades policiales que tiene la Agencia Nacional de Tierras a entregarle completamente desocupado ese predio para que ellos la puedan hacer productiva”, afirmó.

El ingreso del 27 de octubre

Ante la falta de respuestas, el pasado 27 de octubre los campesinos decidieron entrar de manera pacífica a la propiedad. Pidieron el acompañamiento de la Policía para dialogar con quienes permanecían en el lugar.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron un arma de fuego sin los permisos correspondientes en poder de uno de los ocupantes. Esa persona fue trasladada a la estación de Policía de Venecia. Aun así, según las familias, la situación de fondo no cambió y el predio continúa sin poder ser trabajado por sus beneficiarios.

“Una propiedad que es de la asociación”

José Augusto Echavarría, representante de la Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto, expresó la frustración de la comunidad. “Para nosotros es muy difícil una propiedad que es de la asociación, porque nos hicieron una entrega provisional el 31 de julio de 2026 y que nosotros no podamos desarrollar nuestra propia actividad como lo manda la norma y la ley”, indicó.

La organización hizo un llamado a la ANT y a las demás autoridades competentes para que intervengan y garanticen la seguridad de las familias beneficiarias. También pidió que se haga efectiva la ocupación del terreno y que se avance en nuevas adjudicaciones que permitan a las víctimas del desplazamiento reconstruir sus proyectos de vida.

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Para qué quieren la tierra

El objetivo de las familias es poner a producir el predio. Quieren desarrollar actividades agrícolas que les permitan generar ingresos, garantizar su sustento y, además, abastecer de alimentos a comunidades cercanas. Para muchas de ellas, la tierra representa la posibilidad de empezar de nuevo luego de haber salido de Urabá por la violencia.

Mientras la ANT no se pronuncie ni actúe sobre los ocupantes, las 67 familias siguen en espera. Su petición es que la entrega que se firmó en julio se convierta en una realidad en el terreno y que puedan, por fin, trabajar la tierra que les corresponde como parte de su reparación.