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Resumen: La Corte Constitucional se declaró inhibida para decidir quién investiga a Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, así que el expediente sigue en la Fiscalía. El auto se adoptó con siete votos a favor y dos salvamentos.
La puja por el expediente del expresidente Álvaro Uribe quedó donde mismo: en la Fiscalía. La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida este 9 de noviembre para resolver el conflicto de competencias por la investigación que se le adelanta por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La decisión quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La votación terminó siete a favor y dos en contra: los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración.
La Corte consideró que no se cumplían los requisitos para estudiar el caso, es decir, que no se configuraron los presupuestos normativo y objetivo necesarios para resolver la disputa entre las dos autoridades. Con la inhibición, el alto tribunal no definió cuál de las dos debe quedarse con el expediente, así que la investigación permanece, por ahora, en manos de la Fiscalía, donde cursa una indagación preliminar.
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¿Por qué se disputaban el caso de Álvaro Uribe?
El choque arrancó cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamó la competencia del proceso. Su presidente, el congresista Carlos Cuenca Chaux, sostuvo que el expediente debía volver a esa instancia porque el presunto delito de concierto para delinquir se habría extendido hasta 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente de la República y contaba con fuero constitucional.
Ese mismo argumento había sido expuesto por el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, en una carta de ocho páginas: según la defensa, el Bloque Metro de las Autodefensas, señalado de estar detrás de las masacres y vinculado a la Hacienda Guacharacas, habría seguido existiendo hasta 2003, lo que activaría el fuero presidencial.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia vio las cosas distinto: decidió mantener los expedientes en su despacho por considerar que los hechos investigados ocurrieron antes de que Uribe llegara a la Presidencia y que no hay base para extender su presunta participación a su periodo como mandatario. La fiscal del caso sostuvo que primero se debe determinar si las conductas investigadas están realmente cobijadas por el fuero presidencial. El ente acusador reactivó la investigación este año y llamó a indagatoria al expresidente en septiembre.
¿Qué se le investiga a Álvaro Uribe?
El proceso está relacionado con las incursiones paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, en Ituango (Antioquia), registradas entre 1996 y 1997. En esos hechos murieron 22 personas y se presentaron desplazamientos forzados, incendios de viviendas y hurto de ganado. La Fiscalía investiga los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Dentro del mismo expediente se indaga la presunta responsabilidad del exmandatario en el crimen de Jesús María Valle, abogado reconocido por su defensa de los derechos humanos.
El expediente permaneció durante años en la Comisión de Acusación, que no adoptó una decisión de fondo, y posteriormente pasó a la Fiscalía. Aunque el nombre de Álvaro Uribe ha sido mencionado en estos casos desde la época de los hechos, hasta ahora no ha existido una vinculación formal en su contra.
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Por el lado de la defensa, el expresidente sostiene que su nombre reaparece de manera recurrente en estos expedientes cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales. Su abogado afirma que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen la reapertura de investigaciones cerradas tras más de dos décadas de actuaciones judiciales.
Vale aclarar que la inhibición de la Corte Constitucional no es una decisión de fondo: no resuelve la responsabilidad penal del expresidente ni define de manera definitiva qué autoridad debe investigarlo. Mientras no haya un pronunciamiento distinto, el proceso contra Álvaro Uribe seguirá su curso en la Fiscalía General de la Nación.
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