Álvaro Uribe: la Corte decide hoy si su proceso sale de la Fiscalía

Este 9 de noviembre la Corte Constitucional tiene una cita que puede cambiar el rumbo de uno de los procesos judiciales más sensibles del país: la Sala Plena decide si el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle sigue en manos de la Fiscalía o pasa a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La sesión extraordinaria fue citada para las 9:00 de la mañana y el primer punto del orden del día es justamente resolver el conflicto de jurisdicciones entre la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación. El debate sobre Álvaro Uribe se concentra en la competencia para investigar, no en una sentencia sobre los hechos.

En el proceso se investigan dos delitos: homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. En las masacres de El Aro y La Granja, cometidas en Antioquia en los años noventa, murieron 22 personas. El tercer hecho es el crimen de Jesús María Valle, abogado reconocido por su defensa de los derechos humanos.

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¿Por qué la defensa de Álvaro Uribe quiere sacar el caso de la Fiscalía?

La puja arrancó con una carta de ocho páginas que el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, envió a la Comisión de Acusación. Su argumento es que el delito de concierto para delinquir es permanente y que el Bloque Metro de las Autodefensas, señalado de estar detrás de las masacres, habría seguido existiendo hasta 2003, cuando Álvaro Uribe ya era presidente de la República. Con eso, según la defensa, se activa el fuero presidencial y el expediente debería pasar al Congreso.

Esa petición llegó a la Comisión de Acusación por ponencia del representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar alias Jorge 40, y fue aprobada por unanimidad, incluidos los votos de cinco integrantes del Pacto Histórico.

La semana pasada, sin embargo, esos mismos congresistas le escribieron a la Corte Constitucional exponiendo argumentos para que es la Fiscalía la que debe conservar la competencia. Sustentaron que el fuero de los altos funcionarios «no es un privilegio personal sino una salvaguarda constitucional» y que la Carta Política pone límites temporales expresos a esa prerrogativa.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que los hechos investigados ocurrieron antes de que Uribe llegara a la Presidencia y que no hay base para extender su presunta participación a su periodo como mandatario.

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¿Qué dice la ponencia que se discute en la Corte?

La revista Semana conoció que la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar buscaría sacar el expediente de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema y enviarlo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La duda es si una eventual decisión en ese sentido se limitaría al delito de concierto para delinquir o si también mandaría a la Comisión, por conexidad, los homicidios de Jesús María Valle y de las 22 víctimas de las masacres de El Aro y La Granja.

De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, en la Corte se da por descontado que el proyecto del magistrado Ibáñez será favorable al expresidente y que el panorama previo de la votación estaría cuatro a tres, con dos magistrados indecisos: Lina Marcela Escobar y Héctor Carvajal.

Según ese análisis, votarían a favor de que el caso pase al Congreso los magistrados Ibáñez, Paola Meneses y Carlos Camargo. Para que la Fiscalía conserve el expediente estarían Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés, Miguel Polo Rosero y Natalia Ángel Cabo.

¿Qué pasaría con el proceso contra Álvaro Uribe?

Si la Corte Constitucional le da la razón a la Fiscalía, la investigación contra Álvaro Uribe seguiría su curso en ese ente acusador.

Si, por el contrario, el expediente termina en la Comisión de Acusación, el caso quedaría en manos del Congreso, la entidad que reclama la competencia al considerar que podría aplicarse el fuero presidencial. La discusión sobre la autoridad competente no equivale a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente.

La decisión de la Sala Plena se conocería en el transcurso del 9 de noviembre.