El fin del Estado es el bienestar de la población y no la salud temporal de su hacienda pública

Que nunca se olvide que la razón y el fin superior del Estado son el bienestar y la prosperidad de la población y no la salud temporal de su hacienda pública, y que cualquier reforma social o económica que se promueva debe estar orientada a alcanzar esos propósitos.

Si bien Colombia necesita una reforma fiscal, esta debe ser estructural, equitativa y progresiva, y orientada a expandir la economía, no a contraerla ni limitarse a servir de mecanismo de rescate fiscal para un Gobierno.

El actual Gobierno parece olvidar que la mejor reforma fiscal la origina la expansión de la economía, por aumento de la demanda como resultado de la disminución de impuestos, la formalización del mercado, el aumento de la inversión, la democratización y abaratamiento del crédito, la reducción del Estado y el control de la evasión, la elusión y el contrabando.

También olvida el Gobierno que el 54,6 % de la economía es informal y que nada aumentaría más el ingreso fiscal que su formalización gradual y progresiva. Es contradictorio querer aumentar el recaudo encareciendo impuestos, en lugar de promover la formalización de más de la mitad del mercado y, con ello, ampliar de manera considerable la base tributaria y el volumen de ingresos.

No existe mejor camino para ensanchar la economía, abatir el déficit y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas que avanzar en la formalización del mercado, lo que permitiría engrosar el ingreso fiscal disminuyendo de manera considerable el IVA.

Son previsibles los efectos adversos y recesivos que podría ocasionar un aumento del IVA sobre los bienes de capital, los insumos productivos y los productos de la canasta familiar, así como sobre determinados servicios esenciales, entre ellos los de salud. Los bienes y servicios de lujo, superfluos y suntuarios son los que deberían gravarse y no los básicos, vitales y necesarios. Una medida de esta naturaleza, además de afectar el poder adquisitivo de los hogares, estimularía la elusión, la evasión y alentaría aún más la informalidad.

Pero más inconveniente aún resultaría, reducir el umbral para tributar, y con ello, someter a ciudadanos de bajos ingresos a la obligación de declarar renta, sometiéndolos, en su mayoría, a cargas administrativas y tributarias y, eventualmente a contratar servicios contables, y, como señuelo, ofrecerles la devolución del IVA, lo que además de desconsiderado, es un absurdo técnico, operativo y financiero, que es tanto como poner a los más necesitados a financiar el desencaje de tesorería que padece la hacienda pública.

Por estas razones se puede concluir que una reforma como la propuesta por el Gobierno, es regresiva, inequitativa, ineficiente y altamente inflacionaria, lo que de suyo debe alertar y preocupar desde ahora al banco emisor, quien tendría que aumentar su tasa de intervención, lo que, a su vez, aumentaría el costo del dinero y de los créditos.

Para no quedarnos en la crítica, y abandonar el hábito de dar respuestas y plantear soluciones, considero que la mejor reforma fiscal la origina el aumento de la demanda y, por ende, del recaudo fiscal, como resultado de una expansión económica a partir de la reducción de impuestos, la formalización del mercado, el aumento de la productividad, la renegociación de la deuda, la reactivación de la explotación racional y sostenible de los recursos naturales, la venta de bienes con extinción de dominio, la celebración de contratos de estabilidad jurídica para grandes y medianas inversiones extranjeras, la emisión de bonos verdes y de carbono, la drástica reducción del Estado, la disminución del gasto, la priorización de la inversión, el destierro de la corrupción y el control de la elusión, la evasión y el contrabando.

Son numerosos los mecanismos de financiación posibles y las alternativas de gestión fiscal que pueden contribuir a mitigar el déficit y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero el Gobierno apela al facilismo como es el aumento de la carga impositiva, lo que terminaría contrayendo el mercado, desestimulando la inversión y, paradójicamente, disminuyendo el recaudo.

Voté por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, y apoyo al Gobierno, pero considero que la reforma que proponen debe ser revisada, en razón a que, en lugar de provocar expansión económica, causaría contracción en la actividad productiva, y podría generar condiciones propicias para un escenario de estanflación, caracterizado por el estancamiento económico y la inflación.

Concluyo recordando que el fin del Estado es el bienestar de la población y no la salud temporal de su hacienda pública. Colombia necesita una reforma tributaria estructural, equitativa y sostenible, y no una ley episódica que sirva de rescate fiscal de un Gobierno a costa de empobrecer a los sectores más vulnerables y desalentar el crecimiento económico.

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*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.