‘Anda de amores con Timochenko’: el trino que hizo saltar a la Defensoría del Pueblo por Julieta Lemaitre

La Defensoría del Pueblo le salió al paso a la campaña de desprestigio y desinformación que durante las últimas semanas se ha desarrollado contra Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y emplazó a dos congresistas a rectificar las afirmaciones falsas o sin sustento que han difundido en su contra.

En un comunicado emitido este sábado 24 de octubre, el organismo señaló que entre los pronunciamientos que han alimentado la campaña están publicaciones de la senadora María Clara Posada y del senador Germán Rodríguez, quienes habrían difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de la magistrada con antiguos integrantes de las FARC-EP.

La Defensoría cuestionó con dureza el uso de expresiones como «anda de amores con Timochenko», al advertir que ese tipo de señalamientos trasladan la discusión del terreno jurídico al personal y recurren a estereotipos de género para desacreditar a una funcionaria en el ejercicio de sus responsabilidades.

«Estos ataques, que incluyen expresiones de violencia de género, no solo afectan su buen nombre y su integridad, sino que constituyen una preocupante forma de deslegitimación de la justicia«, indicó la entidad.

Al organismo también le preocupa que esas expresiones circulen en redes sociales, donde la desinformación y la violencia digital amplifican la estigmatización y generan riesgos para la seguridad de las mujeres que ejercen funciones públicas. «La violencia digital no es un fenómeno confinado al entorno virtual: produce efectos reales en la vida, el trabajo y la salud de quienes la padecen», señaló.

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Los resultados que respaldan a Julieta Lemaitre

El organismo recordó que las acusaciones contra la magistrada desconocen los resultados verificables de su trabajo judicial. De acuerdo con la JEP, su despacho ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato, tortura, violencia sexual y desaparición forzada.

Además, las investigaciones dirigidas por Lemaitre en el Caso 01, el macrocaso del secuestro, contribuyeron a que el Tribunal para la Paz condenara a los integrantes del antiguo Secretariado de esa guerrilla por los secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio.

«Presentar fragmentos aislados de audiencias como prueba de complicidad, omitiendo las investigaciones, las imputaciones, los reconocimientos de responsabilidad y las decisiones judiciales posteriores, distorsiona los hechos y desconoce avances importantes para los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia», advirtió la Defensoría, que alertó que eso puede incluso revictimizar a quienes participaron en estos procesos.

¿Quién es Julieta Lemaitre?

Lemaitre Ripoll es abogada de la Universidad de los Andes, con doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard y maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Nueva York. Desde 1999 es profesora de la Facultad de Derecho de Los Andes y hoy hace parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, la encargada de los macrocasos más graves y representativos del conflicto armado.

Desde esa sala ha estado al frente del Macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por las extintas Farc, uno de los procesos más sensibles de la justicia transicional colombiana.

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El llamado de la Defensoría del Pueblo a los congresistas

La Defensoría del Pueblo también enmarcó los ataques como un problema de fondo: dijo que son un ataque a la autonomía de la función judicial protegida por el artículo 113 de la Constitución, y recordó que quienes ejercen cargos de representación política tienen una responsabilidad especial frente a la calidad del debate público.

«Cuando desde posiciones de poder político se pretende desacreditar personalmente a una jueza por las decisiones que adopta o por las funciones que desempeña, se pone en riesgo la confianza pública en la administración de justicia«, señaló la entidad.

Por eso, pidió a los senadores Posada y Rodríguez rectificar las afirmaciones falsas o carentes de sustento difundidas contra Lemaitre y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la violencia de género, la estigmatización o los ataques contra la autonomía judicial.

En el mismo pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo exhortó a las ramas y órganos del poder público a participar del debate con respeto por la separación de poderes e invitó al Congreso, al Gobierno nacional, a la JEP, a las víctimas y a la sociedad a promover un debate técnico, plural y constructivo para fortalecer la justicia transicional, en el marco de los 10 años del Acuerdo de Paz.

Sobre ese punto, el organismo recordó que el compromiso con la reparación sigue en deuda: apenas el 19 % de las víctimas registradas han sido indemnizadas y solo el 4,6 % de los sujetos colectivos reconocidos han terminado su plan de reparación.

«Defender la independencia judicial no significa impedir las reformas. Significa garantizar que estas se discutan con argumentos y no mediante ataques contra quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia», concluyó la Defensoría del Pueblo.