Resumen: Diez presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron judicializados por su presunta participación en extorsiones contra al menos 60 transportadores informales de Bosa. Según la Fiscalía, los conductores debían entregar entre $28.800 y $35.500 semanales bajo amenazas, mientras los señalados coordinaban los cobros y movían el dinero a través de billeteras virtuales.
Las autoridades judicializaron a 10 presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’, señalados de participar en un esquema de extorsión contra transportadores informales de los sectores de Bosa El Recreo y Portal Las Américas, en el suroccidente de Bogotá.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, por lo menos 60 personas que desarrollaban actividades de transporte informal en estas zonas habrían sido sometidas a exigencias económicas que, en conjunto, alcanzaban aproximadamente $1.300.000 semanales.
Cada conductor debía aportar entre $28.800 y $35.500 para completar la suma exigida por la estructura delincuencial.
Amenazas para obligarlos a pagar
Según las evidencias recopiladas durante la investigación, los transportadores recibían las exigencias mediante videollamadas y servicios de mensajería instantánea.
En estas comunicaciones, presuntamente eran amenazados con diferentes represalias si no entregaban el dinero. Entre ellas estaban posibles ataques contra sus vidas o las de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas en las que desarrollaban su actividad.
De esta manera, las amenazas habrían sido utilizadas para mantener los pagos y evitar que los conductores continuaran trabajando en determinadas zonas sin entregar las sumas exigidas.
Así recolectaban el dinero
La investigación también permitió establecer, según la Fiscalía, que los cobros tenían un mecanismo de recolección previamente organizado.
Uno de los conductores era encargado de recibir el dinero de varios transportadores afectados en el sector. Posteriormente, debía reunir los aportes y transferirlos a billeteras virtuales.
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Una vez realizada la operación, el comprobante de la transacción era enviado mediante mensaje de texto y el soporte físico del pago era destruido. Esta forma de operar, de acuerdo con las autoridades, buscaba dificultar el seguimiento de los movimientos de dinero.
Los 10 procesados serían quienes, presuntamente, tenían diferentes funciones dentro de esta estructura: algunos se encargarían de coordinar los cobros extorsivos, otros de recibir los recursos en billeteras virtuales, retirar determinadas cantidades y distribuir el dinero entre los demás integrantes.
Capturas en tres ciudades
Los hechos investigados se habrían presentado entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026.
Las capturas de los 10 señalados fueron realizadas de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla y Tunja.
Tras los procedimientos, una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante la justicia a los detenidos y les imputó los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.
La investigación busca establecer la responsabilidad individual de los procesados frente a las funciones que, según la Fiscalía, habrían cumplido dentro de la estructura y su participación en las exigencias económicas realizadas a los transportadores.
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