Resumen: La Gobernación de Cundinamarca declaró a la institución educativa administrativamente responsable por el ahogamiento de la menor de 10 años, cancelando de manera irreversible su licencia de funcionamiento.
A finales de la semana pasada, el caso que conmocionó al departamento de Cundinamarca y al país entero dio un giro trascendental en materia administrativa. La Gobernación de Cundinamarca emitió una resolución mediante la cual ordena el cierre definitivo y la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.
Esta drástica decisión se tomó luego de que las autoridades competentes, tras adelantar las respectivas indagaciones, declararan al centro educativo como administrativamente responsable por las fallas que derivaron en el fallecimiento de Valeria Afanador, una estudiante de apenas 10 años de edad.
Los detalles de la tragedia y el dictamen forense
Los hechos que originaron esta sanción se remontan al fatídico 12 de agosto de 2025. Según el recuento de la investigación, la pequeña Valeria se encontraba cumpliendo su jornada académica regular en las instalaciones del colegio. Sin embargo, durante el horario de descanso —aproximadamente después de las 10:00 a. m.— la menor desapareció de la vista de sus cuidadores y maestros, siendo hallada sin vida momentos después.
Para esclarecer lo sucedido y disipar rumores, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un dictamen concluyente sobre el cuerpo de la niña:
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Causa de muerte: Se determinó que el fallecimiento se produjo por ahogamiento o sumersión en líquido.
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Descarte de violencia: Los peritos forenses confirmaron que la menor no fue víctima de maltrato físico ni de ningún tipo de violencia sexual.
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Evidencia física: Las prendas de vestir que llevaba la niña no presentaron alteraciones, rasgaduras ni signos de forcejeo.
Imputaciones y consecuencias penales
El cierre administrativo por parte de la Gobernación de Cundinamarca avanza en paralelo con el proceso judicial penal. Cabe recordar que, a mediados de junio de 2026, la Fiscalía General de la Nación logró la imputación de cargos a dos personas directamente vinculadas con la institución educativa, a quienes se les señala por su presunta negligencia en los deberes de cuidado y vigilancia:
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Emily Vivian Fuentes Hernández: Quien se desempeñaba como directora de curso de la menor.
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Danny Javier Ochoa Prada: Quien fungía como el jefe de seguridad de las instalaciones del colegio.
Con la cancelación de la licencia, el Gimnasio Campestre Los Laureles no podrá volver a operar ni recibir estudiantes, sentando un precedente sobre la responsabilidad civil y administrativa de las instituciones educativas frente a la seguridad integral de los menores de edad.
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